A pesar de que las Comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos emitieron recomendaciones a favor de la burócrata María de Jesús Almendárez Prieto, sigue siendo revictimizada porque su acosador Juan Martín Gatica goza de una licencia como delegado del SUTGSE en el Congreso del Estado, presuntamente otorgada por la lideresa Bernardina Lara Argüelles.
Mejor conocida como “Marichuy”, ella trabajaba en la SEDUVOP cuando en 2013 fue víctima de acoso sexual persistente e impune de parte del ingeniero; “fui removida de diversas dependencias estatales mientras mi victimario siempre ha gozado de protección por Bernardina Lara que se ha negado de manera rotunda a expulsarlo por la larga amistad que los une porque le ha sido fiel y le ha brindado muchos servicios para fortalecer el cacicazgo en el SUTSGE”.
Tanto la CEDH como la CNDH han dictado medidas cautelares para proteger a “Marichuy” y han ordenado que se investigue y sancione a su acosador, no ha pasado nada, despacha sin problemas como delegado sindical en el Congreso del Estado.
“Marichuy” fue reubicada por enésima ocasión, en una oficina de la Secretaría de Finanzas y por recomendación de la CNDH, en el gobierno de Juan Manuel Carreras el entonces titular de la SEDUVOP, Leopoldo Stevens Amaro, cesó al acusado pero todo fue una simulación porque sigue siendo trabajador del gobierno y fue designado delegado sindical en el Congreso.
“A la lideresa, que dice defender a las mujeres trabajadoras del gobierno, no le importó que la Quinta Sala de Supremo Tribunal de Justicia del Estado falló a favor de Marichuy y en contra de Gatica Izaguirre con una sentencia de cuatro años y tres meses de prisión, que no se ejecutó”.
Hace apenas unos días el Poder Legislativo se pronunció a favor de los derechos de las mujeres y condenó cualquier tipo de violencia en contra de ellas, sin embargo, ninguna de las diputadas ha dicho algo sobre la presencia del acosador en el Congreso del Estado.
El Sol de San Luis
