Admiten que es común el uso de efectivo en compra de casas, terrenos y autos. Al limitarlo esta nueva normatividad, las ventas se vendrán a pique.
El próximo mes de julio entrará en vigor la llamada “Ley Antilavado”, pero aunque tiene puntos positivos, empresarios que se dedican a la comercialización de productos que la citada legislación califica como “actividades vulnerables”, aseguran que sus ventas se verán afectadas.
Llegan a esta conclusión, porque la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita limitará el uso de efectivo en muchas transacciones, especialmente en la compra de casas y automóviles y en México “hay mucha gente que todavía usa efectivo”, admiten los empresarios.
De ahora en adelante ya no se podrá pagar en efectivo una casa con valor igual o superior a los 500 mil pesos y tampoco se podrá adquirir un automóvil con moneda nacional o extranjera con valor igual o superior a los 200 mil pesos.
Óscar Romero Villalobos, presidente local de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), afirmó que muchos potosinos, por sus negocios, manejan fuertes sumas de dinero en efectivo y la ley podría inhibirlos.
“Tienen negocios lícitos, se dedican a la venta de frutas, verduras, son comerciantes, campesinos y, por eso, cuando están interesados en comprar una casa, terreno o departamento, pagan en efectivo”.
Dijo que en su inmobiliaria pocas transacciones se hacen en efectivo, pero conoce el caso de compañeros, que casi todas las ventas de casas o terrenos las manejan así. “Esto sucede más en el sector medio y popular”.
El empresario avala la ley porque considera que protegerá a su sector, que se ha vuelto vulnerable, “pero tiene sus pros y contras y definitivamente afectará a los inmobiliarios”.
El presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles Nuevos (AMDA), Eugenio Robles Alvarado, calificó la legislación como acertada, porque permitirá parar muchas actividades de dudosa procedencia.
“Las autoridades federales tendrán mayor certeza en las operaciones comerciales que se llevan a cabo y, de paso, los empresarios, comerciantes y prestadores de servicios nos veremos beneficiados”. No obstante, reconoció que las ventas sí se verán afectadas, porque todavía es común que la gente llegue con su bolsa de dinero a pagar.
El notario público Eduardo Martínez Benavente se muestra más conservador en cuanto a sus comentarios. Admite que los primeros meses serán difíciles para todos los actores involucrados y algunas personas no podrán adquirir bienes, “pero no es complicado, para quien está interesado en comprar una casa, abrir una cuenta de ahorro o de cheques”.
Lo que es un hecho es que esta nueva modalidad de compra afectará a la mayor parte de la población “si se toma en cuenta, según datos del INEGI, que el grueso de la población vive en propiedades de interés social, con un costo menor a los 500 mil pesos”.
Además, critica que la “Ley Antilavado” haya involucrado a demasiados actores, cuando la vigilancia de operaciones ilícitas podía ser más simple. “En el caso del sector inmobiliario, el Registro Público de la Propiedad se pudo encargar de todo, a través de sistemas informáticos”.
Reporte ante Hacienda
El sector privado deberá vigilar con especial atención “actividades vulnerables”, como juegos de apuesta, sorteos, emisión de tarjetas de crédito o prepago, uso de cheques de viajero, compra-venta de joyas, préstamos o venta de inmuebles y autos que rebasen ciertos montos.
Quien ofrezca un producto o servicio que caiga dentro de esas condiciones deberá resguardar la información de la transacción por cinco años, ya sea en forma física o electrónica.
Asimismo, quienes superen en sus transacciones los montos permitidos en las llamadas “actividades vulnerables”, deberán reportar las operaciones a Hacienda a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente en que se realizaron.
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