Después de varios meses de anunciarlo públicamente, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona oficializó la presentación de una iniciativa en el Congreso del Estado, consistente en replicar la legislación federal, a fin de que los programas sociales sean un derecho constitucional en el ámbito local.
Dentro del planteamiento, expone que, a través de los programas sociales, se tendrá acceso gratuito de estudiantes al transporte público, atención médica gratuita a la población, y la entrega de apoyos económicos, alimentarios, pensiones y subsidios a personas en desventaja social.
Especifica que las leyes regularán y organizarán el patrimonio de la familia, determinando los bienes que deben constituirlo, sobre la base de que será inalienable y no estará sujeto a embargo ni a gravamen alguno.
En el articulado transitorio, dispone que, en un término no mayor a 90 días hábiles, a partir de la entrada en vigor de la reforma y adición, se deberán iniciar los procesos legislativos necesarios para las armonizaciones respectivas.
Informa que el monto de los recursos asignados, en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal que corresponda, respecto de los programas y apoyos mencionados, no podrán ser disminuidos en términos reales, en referencia al inmediato anterior.
Aclara que el cumplimiento a los programas, becas, seguros y apoyos, dependerá de lo dispuesto en las previsiones presupuestales anuales establecidas.
Para ello, propone reforman los párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo; y se adiciona un párrafo al artículo 12 de la Constitución Política del Estado.
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