La corporación Humanas presentó hoy ante los tribunales de Justicia chilena una querella contra todos quienes resulten responsables por los abusos sexuales, tortura y secuestro en contra de Ana María Campillo, exprisionera política durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
La organización también solicitó al Gobierno tipificar el delito de violencia política sexual como un crimen de lesa humanidad distinto al de tortura, sin derecho a indulto y con penas acordes a la gravedad del delito.
“Desde el 2010 hemos presentado seis querellas de este tipo, relevando la necesidad de que el Estado reconozca no sólo la forma tradicional de tortura, sino que la especificidad de la violencia en contra de las mujeres”, explicó a Efe la abogada de la Corporación Humanas, Daniela Quintanilla.
Asimismo, la organización exige incorporar en la ruta oficial de los centros de detención clandestinos a los subterráneos de la Plaza de la Constitución, frente al Palacio de La Moneda, donde fue brutalmente abusada Campillo y otra cantidad importante de mujeres.
“Este centro fue reconocido por el informe Valech (sobre prisión política y tortura) y reconocido además en sentencias oficiales, y aún no es parte de la ruta”, dijo Quintanilla.
Y agregó que “con este reconocimiento como centro clandestino nosotros buscamos que se releve especialmente la violencia sexual que sufrieron las mujeres que estuvieron secuestradas durante el año 1974″.
Ana María Campillo fue detenida desde su domicilio en el municipio santiaguino de La Reina en junio de 1974, luego fue trasladada bajo la Plaza de la Constitución donde fue interrogada, torturada y violada en reiteradas ocasiones por miembros de los Servicios De Inteligencia de Carabineros de Chile (Sicar).
Durante el régimen militar fue habitual la práctica de violencia sexual por causas políticas, ejercida principalmente contra las mujeres detenidas por agentes del Estado, al igual que las torturas que se llevaban a cabo en centros de detención clandestinos.
Según un estudio realizado durante 2013 por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Corporación Humanas y Parque por la Paz Villa Grimaldi, la violencia sexual sistemática a mujeres víctimas de la represión militar fue mayoritariamente “invisible” para la Justicia chilena.
En el informe también se detalló la crudeza de las violaciones: con animales, palos, anales, aplicación de corriente eléctrica en la vagina, en el ano y los pezones, golpes en contra de embarazadas con el fin de que abortaran u obligadas a tener a sus hijos en cautiverio, entre otras.
Durante la dictadura de Pinochet, según informes oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, y unos 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.
Fuente: Pulso
