Fin a permisionarios En la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones se desaparece la figura de permisionarios y mantiene sólo la de concesionarios, con las categorías de “uso comercial, público, social y privado”. Además, se establece la concesión única, con la cual a través de una misma red se pueden ofrecer todos los servicios de telecomunicaciones. “El Congreso de la Unión deberá expedir un solo ordenamiento legal que regule de manera convergente el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones, así como la prestación de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. “La ley establecerá que las concesiones serán únicas, de forma que los concesionarios puedan prestar todo tipo de servicios a través de redes, siempre y cuando cumplan con las obligaciones y contraprestaciones que les imponga el Instituto Federal de Telecomunicaciones”, precisa el régimen transitorio de esta reforma constitucional. Vale señalar que una concesión se otorga para la explotación de un bien público (en el caso de la telefonía, por ejemplo, el espectro radioeléctrico) o la prestación de un servicio público, a través de un procedimiento de licitación, en donde concursan varias personas interesadas, y al final del cual el Estado debe verificar que se obtengan las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, disponibilidad, etc. Las concesiones siempre se dan únicamente a personas físicas o morales de nacionalidad mexicana. Los permisionarios, que serán eliminados en la nueva normativa, no debían esperar a que se expida una convocatoria pública para licitación a fin de poder prestar un servicio, sino que únicamente, cumpliendo con las condiciones establecidas en la Ley, pueden acudir ante la autoridad competente para solicitar la autorización. No a los monopolios En la nueva ley también se ordena la aplicación de sanciones severas en contra de prácticas monopólicas, pues manda que “la ley establecerá un esquema efectivo de sanciones que señale como causal de revocación del título de concesión, entre otras, el incumplimiento de las resoluciones que hayan quedado firmes”. Añade que habrá “limites a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada de varios medios de comunicación que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica”, y quien viole los principios de competencia incluso puede ser sujeto de una demanda penal y el consecuente encarcelamiento. Además, ordena al Congreso de la Unión la emisión de nueve leyes nuevas para que estas disposiciones tengan aplicación efectiva, entre ellas, el catálogo de sanciones contra las prácticas monopólicas, el derecho de réplica y la creación del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones. “Se establecerán los mecanismos para homologar el régimen de permisos y concesiones de radiodifusión, a efecto de que únicamente existan concesiones, asegurando una diversidad de medios que permitan distinguir las concesiones de uso comercial, público, social y privado”, se señala en el documento. Trabajo conjunto También describe en la Carta Magna el procedimiento judicial que aplicará a los concesionarios, en función de las decisiones que asuman la nueva Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. “Las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto, y no serán objeto de suspensión. “Cuando se trate de resoluciones emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio, sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones competidas en la resolución o durante el procedimiento. Las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida”, añade. Advierte que “las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad”. Régimen transitorio La reforma contiene un régimen transitorio de 17 artículos –hasta anoche ése era el número–, en los cuales se establecen los mecanismos para la prestación de servicio total. Se observa también el tema de la “desagregación efectiva de la red local del agente preponderante en telefonía, televisión restringida e internet”. En este régimen transitorio se incluye la obligación de abrir la licitación para dos nuevas cadenas de televisión de cobertura nacional, en cuyo proceso no podrán participar los actuales concesionarios. Plantea el régimen de gratuidad de servicios entre concesionarios, pero advierte que los “agentes declarados preponderantes en el mercado” no podrán acceder a la gratuidad. Es decir, que las televisoras del servicio de señal abierta permitan, en forma gratuita, la retransmisión de sus señales por parte de las cableras, beneficio que no podrá aplicar a aquellas con capacidad económica para pagar por este servicio. Siguen línea de la OCDE Temas como poner fin a una larga limitante en lo que respecta a la inversión extranjera en las empresas de telecomunicaciones, dos nuevas cadenas de televisión nacional, un regulador del sector que tenga más facultades y control sobre las empresas, así como más poder a la Comisión Federal de Competencia para acabar con los monopolios, son de los temas más importantes que se contemplan en la nueva Ley Federal de las Telecomunicaciones, que será presentada hoy por el presidente Enrique Peña Nieto. La mayoría de las propuestas son semejantes a las recomendaciones presentadas al Ejecutivo a finales de 2012 a través de un documento hecho llegar por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuyo nombre es Getting It Right, una agenda estratégica para las reformas en México. En dicho documento se establecía que se requiere un cambio en todos los frentes para combatir la dominancia que está profundamente arraigada en el Mercado mexicano de las telecomunicaciones, principalmente. Muchas de las recomendaciones se centran en el fortalecimiento del órgano regulador del sector, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), debido a que la competencia de mercado debe derivar de limitaciones al abuso de la posición dominante, al tiempo que se crean oportunidades para que los nuevos participantes obtengan acceso al mercado de manera efectiva y en igualdad de condiciones. Además, se menciona que el órgano regulador pueda imponer sanciones para garantizar que las empresas se apeguen a sus decisiones. Las principales compañías del sector, como América Móvil, han dado a conocer su postura al respecto, siendo la firma de Carlos Slim la primera en opinar ayer que apoyan la apertura de la inversión extranjera en los servicios de telecomunicaciones, así como la competencia. En un comunicado señaló que compiten en 18 países, en los que se benefician de este tipo de política de apertura a la inversión. Efectos 1.- Lo principal que se busca es reestructurar el nivel de competencia del sector en el país, a través de un esquema de participación de la autoridad y la IP. 2.- Ya no existirá el concepto de permisionario, por lo que todo servicio que se busque ofrecer en la industria tendrá que ser solicitado en una licitación. Las nuevas reglas a seguir Así es como operarán y se crearán el Instituto Federal de las Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica, según la Ley Federal de Telecomunicaciones: – Cada uno tendrá siete comisionados, incluido el presidente. – Serán expertos en sus respectivas áreas. – Serán examinados por el Comité de Evaluación, integrado por los titulares del Banco de México, CNDH, Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INEGI y UNAM. – Este Comité seleccionará de tres a cinco aspirantes por cada vacante. – El Ejecutivo federal seleccionará de entre ellos al candidato que propondrá al Senado para su ratificación, o en su caso a la Comisión Permanente. – La ratificación se hará por el voto de las 2/3 partes, dentro del plazo improrrogable de 30 días. – Si el Senado lo rechaza, el Presidente de la República enviará a otro candidato del máximo de cinco propuestos por el Comité; en caso de que el Senado mantenga su rechazo, entonces el Presidente elegirá directamente al comisionado. – Durarán en su cargo siete años. – Requisitos para ser comisionado: no haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República, senador, diputado federal o local, gobernador o Jefe de Gobierno durante los cinco años previos a su nombramiento. Tampoco podrán ser elegidos si trabajaron antes en una compañía del sector que van a regular. – El Ifetel tendrá un Consejo Consultivo. http://www.dineroenimagen.com/2013-03-11/17239]]>
