Estela Ambriz Delgado
El Comisariado Ejidal de El Mezquital en el municipio Villa de Arriaga promovió una queja ante el Tribunal Superior Agrario (TSA) en contra de la magistrada María de Lourdes Martínez Lastiri, y el secretario de acuerdos, Uziel Eglé Arriaga Badillo, adscritos al Tribunal Unitario Agrario (TUA) del Distrito 25, por llevar a cabo una ejecución con ex integrantes del comisariado y abogados que usurpan la actual representación.
Los ejidatarios Lázaro Aguilar Crispín, Víctor Crescencio Aguilar Betancourt y José Oliverio Aguilar Limón, presidente, secretario y tesorero, presentaron la queja en el expediente 38/2020 en la que manifiestan que, de manera desaseada y posiblemente con otro tipo de interés, la magistrada y el secretario tuvieron acuerdos con los ex integrantes del comisariado, por lo que solicitan que se realice la investigación y sanción correspondiente.
En su escrito explican que el ejido forma parte del Área Natural de Protección de Flora y Fauna Sierra de San Miguelito, y en una superficie ubicada en el área de influencia del decreto, es decir, colindante al mismo, se genera una controversia entre diversos grupos de ejidatarios por un tema de cambio de destino de tierras que fuera nulificado por el TUA, promovido por la anterior mesa del comisariado.
También indican que, por tratarse de un tema de alto conflicto social, han buscado una alternativa de ejecución en términos que beneficien a todos los ejidatarios, por lo que en el periodo de tiempo en el que se realizaban dichos trámites, los promoventes de la queja fueron electos como nuevos integrantes del comisariado, y mediante escrito del 3 de marzo de 2023 se apersonaron al procedimiento señalando el cambio de representantes legales.
Sin embargo, el pasado 28 de febrero fueron informados de que un funcionario del TUA estuvo presente en el ejido, acompañado de los ex integrantes del comisariado y abogados que ya no asesoran a la actual mesa.
Además, señalan que existe un acta circunstanciada elaborada por el actuario Nathanael Muñoz López, en donde manifiesta que platicó con el abogado de la parte actora para ponerse de acuerdo en la ejecución, y que se buscó a los órganos de representación, pero sin mencionar de manera expresa sus nombres.
“Se denota que la magistrada de este Tribunal Agrario, el secretario de acuerdos del mismo, y el actuario ya señalado, de forma desaseada y quizá con otro tipo de interés acordaron con ex integrantes del Comisariado Ejidal y abogados que usurpan nuestra representación, una ejecución sin tomarnos en cuenta como parte beneficiada de dicho juicio, sin agotar cualquier tipo de diálogo que pudiera existir, y pudiendo haber generado una situación de violencia”.
De igual forma, los ejidatarios manifestaron que, al solicitar el expediente, el personal responsable no les proporcionó el acceso durante más de una semana, por lo que tuvieron que acceder de manera extraoficial a fotografías de las actuaciones, las cuales adjuntan al escrito.
Derivado de ello, la magistrada presidenta del TSA, Claudia Dinorah Velázquez González, ordenó remitir la documentación al Órgano Interno de Control para que en el ámbito de sus atribuciones provea lo conducente.
