El primer delito de Adriana fue robar un auto; fue liberada con una condición: portar un chip que reportaría sus movimientos a las autoridades
Adriana llegó al Reclusorio Femenil de Santa Martha Acatitla hace seis años, cuando tenía 22. Iba embarazada, aunque aún no lo sabía. El motivo de su detención: robo de auto. La sentencia: 10 años. Asegura que desconocía que el vehículo en el que un amigo le invitó a dar una vuelta era robado.
Cuando su hija nació, tras 20 horas de labor de parto, decidió darla a su madre, aunque por ley hubiera podido tenerla con ella hasta los cinco años 11 meses: “Éste no es lugar para un niño”, pensó.
Adriana es primodelincuente, como lo son seis de cada 10 internos en los reclusorios del DF, según la Tercera Encuesta a Población en Reclusión del Centro de Investigación y Docencia Académicas (CIDE), lo que, aunado a su buena conducta y contar con una sentencia de entre cinco y 10 años, la calificaban como candidata para solicitar la preliberación en 2011, a través del Programa de Monitoreo Electrónico a Distancia.
Además tuvo que pagar una fianza de 12 mil pesos por el equipo y acreditar que tenía una oferta de trabajo. Así, Adriana se convirtió en uno de los 390 casos de internos e internas preliberados, entre 2006 y 2012, que pudieron salir de la cárcel y pagar su sentencia en el exterior.
Por fin pudo vestir a su hija para ir a la escuela y atender uno de los negocios de videojuegos de su padre en un mercado de la delegación Azcapotzalco, aunque jamás pudo ir al cine o algún restaurante.
Ello porque para cada visita fuera de la ruta de su casa al trabajo necesitaba pedir permiso y girar oficios. “Sólo podía ir de mi casa al trabajo. Si me salía de mi ruta, les tenía que marcar para decirles por qué, si era por tráfico, algún bloqueo o cualquiera que sea la razón”, recuerda.
Seguía presa, sin embargo, esto era mejor que la cárcel de mujeres. Además, contaba con un recordatorio que llevaba atado a su tobillo: el brazalete de monitoreo electrónico con el que la Subsecretaría de Sistema Penitenciario estaba al tanto de sus pasos.
En alguna ocasión que se desvió de su ruta por media cuadra, acompañando a su hermano para que encontrara estacionamiento, dice. Siete minutos después su celular sonó. Era personal de la Subsecretaría, quienes tras asegurarse que estaba en su casa, le dijeron que debía presentarse al día siguiente en las oficinas.
“Cuando llegué al reclusorio, una licenciada me dijo: ‘Te voy a regresar a Santa Martha. Entiende: tú sigues presa, con el beneficio de estar en tu casa”, recuerda.
La segunda amonestación fue por llevar a su hija a la tienda. Y eso fue todo, regresó a la cárcel a terminar de cumplir su sentencia ahí.
Algunos han burlado la vigilancia
Desde su lanzamiento, a finales de 2006, la efectividad del Programa de Monitoreo Electrónico a Distancia ha sido vulnerada en tres ocasiones, en las que tres excarcelados —dos procedentes del Reclusorio Oriente y uno más de la Penitenciaria— se fugaron.
Asimismo, otros tres ex internos perdieron la vida: por homicidio, suicidio y “muerte natural”, responde la Secretaría de Gobierno a una solicitud de información vía transparencia.
Después de la adquisición de 470 brazaletes de monitoreo, a través de tres adjudicaciones directas que costaron 32.6 millones de pesos, la Subsecretaría de Sistema Penitenciario sólo hizo uso de 20 brazaletes en 2006; 121, en 2007; 39, en 2008; 50 en 2009; 82 en 2010; 63 en 2011 y 15 en 2012, de acuerdo con información recabada mediante solicitudes de información vía transparencia, aunque no especifica cuántos de ellos ya fueron devueltos por término de sentencia o por, como en el caso de Adriana, revocación del beneficio.
Reduce costos
Olivia Garza de los Santos, diputada local por el PAN y presidenta de la Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa del DF, aseguró que el uso efectivo del Programa de Monitoreo Electrónico a Distancia, además de reducir la sobrepoblación, disminuiría la carga presupuestal para el mantenimiento de los internos: “Una persona en la cárcel te cuesta 109.80 pesos diarios, a la larga reducen ese dinero, así como los problemas por hacinamiento y sobrepoblación en el sistema penitenciario”, dijo.
La legisladora reconoció que los primodelincuentes e infractores de delitos no graves (personas con posibilidades de ser preliberadas si usan el brazalete), tienen mayores probabilidades de reinsertarse exitosamente a la sociedad, para locual el círculo familiar es más favorable que dejarlo en la cárcel: “Si tú lo dejas en la cárcel, lo vas a hacer un delincuente en potencia, preparado en la escuela del crimen que son los reclusorios y de todas formas va a salir”.
El optimismo al arranque de la ley hizo declarar en 2011 al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Édgar Elías Azar, que gracias a los brazaletes electrónicos las cárceles reducirían su sobrepoblación con la probable preliberación de unos 10 mil internos de baja peligrosidad, de los 40 mil existentes en los penales capitalinos.
Sin embargo, actualmente sólo hay dos juzgados de Sanciones Penales, ambos ubicados en instalaciones del Reclusorio Preventivo Varonil Sur, cuando en primera instancia, Elías Azar había alertado sobre la necesidad de que existieran cinco por penal, es decir, un total de 20 juzgados especializados en la materia.
En opinión de David Ordaz, especialista en sistema penitenciario del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), resultan “insuficientes”.
“Actualmente se construyen dos juzgados de ejecución de sanciones penales, adosados al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, y otros dos cercanos al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente”, informó a solicitud de EL UNIVERSAL la oficina de Comunicación Social del Tribunal Superior de Justicia.
Agregó que para el funcionamiento de éstos ya se cuenta con 21 jueces acreditados “en reserva”, en espera de que al menos estos cuatro juzgados entren en funcionamiento, lo cual se prevé sucederá en tres meses.
Sobre la estadística de expedientes de solicitud de preliberación, a través del citado programa, el tribunal expresó que “aun cuando ya existían los dos juzgados de Ejecución de Sanciones Penales, que tienen la facultad expresa para otorgar este beneficio, autoridades del ejecutivo local otorgaron durante un periodo la misma prerrogativa sin contar con sustento legal. De ahí que estadísticamente el tribunal actualmente está ajustando las cifras en relación a ese periodo”.
EL UNIVERSAL solicitó una entrevista a la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, del gobierno capitalino, para obtener su posicionamiento sobre este tema, sin que al cierre de esta edición hubiese emitido respuesta alguna.
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/117051.html
