La Pluma Desafiante
Por: Bruno Laine
“¿Privilegios o Derechos? El Grito del Poder Judicial”
Un eco inconfundible resuena en las calles de nuestro México: “¡No son privilegios, son nuestros derechos!”, exclaman fervientemente los empleados del Poder Judicial de la Federación. Esta manifestación, que ha emergido con fuerza en diversas ciudades, se erige contra la propuesta de eliminar 13 fideicomisos que suman más de 15 mil millones de pesos en el próximo presupuesto. A simple vista, parece que la estabilidad y bienestar de estos trabajadores pende de un hilo, amenazando sus retiros, pensiones y jubilaciones. Sin embargo, al desglosar los datos, se revela una realidad más compleja y, para muchos, desconcertante.
Para comprender la magnitud de la situación, es esencial mirar los detalles: estamos hablando de 76.5 millones de pesos destinados exclusivamente al mantenimiento de viviendas de magistrados y jueces. Además, se contemplan 4 mil 772 millones de pesos para pensiones complementarias y 69 millones de pesos para apoyo médico complementario. Estos son solo algunos ejemplos de los montos en juego.
Los salarios y beneficios de un Ministro de la Corte son un reflejo más de esta desproporción: un sueldo mensual de 298 mil pesos, un aguinaldo que asciende a 586 mil pesos, un fondo anual de 723 mil pesos para cenas en restaurantes de lujo, entre otros beneficios que, sumados, distan enormemente de la realidad económica de la mayoría de los mexicanos.
La decisión de la Cámara de Diputados, que con 269 votos a favor optó por la extinción de estos fideicomisos, no es un capricho legislativo, sino un eco de la demanda popular de equidad y justicia. Si bien partidos como el PAN intentaron erigirse como defensores de la Corte, la realidad es que el sentir popular exige una revisión profunda de estos “derechos” que para muchos son, sin duda, privilegios.
Ante este panorama, el desafío es claro y multifacético: ¿Cómo equilibramos el derecho de los trabajadores del Poder Judicial con la demanda justa y equitativa de una población que clama por transparencia y justicia fiscal? Esta interrogante nos lleva a reflexionar sobre los cimientos mismos de nuestra democracia. Los fideicomisos, en su esencia, no son el problema, sino el reflejo de un sistema que necesita reevaluación. ¿Estamos realmente priorizando las necesidades del colectivo o estamos cediendo ante las demandas de unos pocos? Es hora de ponderar si las estructuras actuales realmente sirven al bienestar común o si perpetúan desigualdades que ya no pueden ser toleradas.
El 2023 nos invita a reflexionar y actuar. Es imperativo decidir el tipo de nación que deseamos ser. ¿Un país de desigualdades marcadas o una nación donde la justicia y equidad prevalezcan? La respuesta no sólo está en el recinto legislativo, sino en el corazón y conciencia de cada mexicano. Porque todos, sin excepción, merecemos vivir en un México justo. Y eso, indiscutiblemente, es un derecho que va más allá de cualquier fideicomiso.
