El alcalde de Tequila, Jalisco, Diego “N”, conocido como “El Presidente”, fue vinculado a proceso por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada con fines de secuestro y secuestro agravado. La decisión fue tomada por el juez de control Mario Elizondo Martínez, quien determinó que existen elementos suficientes para que el proceso penal continúe en su contra.
La autoridad judicial estableció que el edil deberá permanecer en prisión preventiva oficiosa mientras avanza el caso. Será recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, “Altiplano”, considerado de máxima seguridad. Además, el juez fijó un plazo de cuatro meses para que la Fiscalía General de la República concluya la investigación complementaria, como lo marca la ley.
Los hechos por los que se le investiga ocurrieron en marzo de 2021. De acuerdo con la FGR, Diego Rivera Navarro es señalado por el secuestro del entonces precandidato de Morena a la alcaldía de Tequila, Guillermo Cordero García, así como de su suplente, Julio Alejandro García Gutiérrez. Según la acusación, ambos fueron privados de la libertad, golpeados y torturados para obligarlos a abandonar sus aspiraciones políticas.
Durante la audiencia celebrada el 10 de febrero, el juez reclasificó el delito e incorporó el agravante de que los hechos habrían sido cometidos por servidores públicos en funciones. La resolución también incluyó a otros dos funcionarios municipales señalados como presuntos colaboradores.
Se trata de Juan Manuel “N”, director de Seguridad Pública municipal, y Juan Gabriel “N”, director de Catastro Municipal, quien también aparece en documentos judiciales como director de Licencias. Ambos fueron vinculados a proceso y permanecerán internos en el penal federal número 14, ubicado en Chiapas.
El alcalde fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República en su domicilio, localizado en la calle 5 de Mayo. Tras su captura, fue presentado ante la autoridad judicial para el desarrollo de la audiencia inicial y su posterior vinculación.
De manera adicional, las investigaciones federales apuntan a que el edil estaría relacionado con presuntos esquemas de extorsión contra empresas cerveceras y tequileras en Jalisco. También se le investiga por posibles vínculos con una célula delictiva originaria del estado, que tendría relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Estas indagatorias forman parte de carpetas de investigación distintas que siguen en curso.
Cabe señalar que la vinculación a proceso no significa que exista una sentencia condenatoria, sino que el juez consideró que hay pruebas suficientes para que el caso continúe y se profundicen las investigaciones. El asunto ha generado atención pública debido a que involucra a un presidente municipal en funciones y a delitos considerados de alto impacto.
