Estela Ambriz Delgado
Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), realizó la inspección y clausura de cada una de las afectaciones, que las empresas CEMAT Construction e Inkazteca Drilling, causaron en las tierras de uso común del ejido Corcovada, para sus trabajos de exploración, sin ninguna autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el martes 20 de mayo.
Desde el pasado lunes, personal de Profepa acudió al ejido Corcovada, en el municipio de Villa Hidalgo, para llevar a cabo un proceso de inspección, de las afectaciones causadas por las empresas que pretenden despojarlos de más de 426 hectáreas, y clausurar las obras de barrenación minera, remoción de plantas, apertura de caminos y brechas, construcción de zanjas, entre otras realizadas por las empresas, bajo la permisividad de la mesa del comisariado.
La certificación de los daños se da luego de que integrantes del movimiento de defensa de Corcovada, presentaron el pasado 14 de mayo la denuncia correspondiente, en contra CEMAT Construction, e Inkazteca Drilling, así como de los integrantes actuales y anteriores de la Mesa del Comisariado Ejidal, y que la Presidenta de la República Claudia Sheimbaum Pardo dio la instrucción a la dependencia de que se atendiera la misma.
Un grupo de los ejidatarios inconformes con los daños acompañaron al Ingeniero Héctor Fernando Gloria Gómez y personal de la procuraduría, en la certificación de las afectaciones, detectando decenas de infracciones ambientales y kilómetros de remoción de planta, pues se hicieron caminos y removieron la tierra, además de que hicieron zanjas para que nadie se pudiera meter, ni se pudieran transitar los caminos.
La dimensión de la influencia de los impactos ambientales, es de cientos de hectáreas, que ejemplifican más que las 95 que se indican en la solicitud de la Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), las 426-76-74.953 que pretendían enajenar.
Las afectaciones se dieron en lugares como el Cerro de las Moritas, La Mina, El Puerto, Cerro del Aire, Sal si Puedes, Cerro del Orégano, entre otros puntos de varios kilómetros, en donde se removió maguey, mezquite, cactáceas y otras especies forestales que necesitan rigurosa autorización ambiental, ocasionando cambio de uso de suelo en terrenos forestales para la apertura de caminos y brechas.
La diligencia de Profepa incluyó la elaboración y entrega de un acta de inspección, la cual contiene la orden de inspección que proviene de la denuncia presentada por los ejidatarios, y derivado de ello también se citó a los señalados, que en el caso de los comisariados fueron notificados en tiempo y forma desde el viernes 16 de mayo y el día de la diligencia se negaron a comparecer.
Aunque a la mesa del comisariado se le entregó un citatorio para que estuvieran presentes el día lunes, y de la misma forma convocara a las empresas, dicha organización no mostró intención de coadyuvar por lo cual la diligencia únicamente fue atendida por los promoventes de la denuncia.
La trascendencia de esta clausura
Como explica el colectivo Guardianes de la Sierra de San Miguelito, la falta de atención a los temas ambientales es una constante en los proyectos de alto impacto, por lo que “se toman la libertad” de realizar trabajos de exploración o prospección, sin contar con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), cuando esto constituye un delito ecológico.
Señalan, es una práctica que se ha utilizado desde hace mucho tiempo, que durante los casi siete años de la cuarta transformación, aún no se ha podido erradicar, y es urgente que se obligue a cumplir con la aprobación de la MIA antes de iniciar cualquier trabajo, pues actualmente lo hacen con la autorización de asambleas, o de órganos de representación.
“Cambian el uso de suelo, remueven vegetación forestal, bajo el argumento absurdo y dogmático de que no hay más que piedras y lagartijas, y que no hay ni siquiera proceso de ganadería, y por eso dan por hecho que pueden remover y hacer lo que quieran”.
El colectivo ejemplificó la situación con el caso de los núcleos agrarios por donde pretende pasar el proyecto carretero de cuota Entronque 75 D Matehuala, para el que no hay ningún permiso ambiental y la destrucción cotidiana, aún cuando ha habido resistencia de varias comunidades, pero que han hecho cosas inadmisibles desde el punto de vista ecológico.
Sin embargo, los movimientos de defensa se enfrentan con grandes obstáculos administrativos al momento de presentar una denuncia, pues no la reciben o se tardan meses para su instauración, pueden pasar hasta años y una demanda de carácter ambiental no camina, sólo cuando hay intereses de por medio, por lo que Guardianes de la Sierra destacó que el proceso de inspección y clausura realizado por la procuraduría es de una enorme trascendencia.
“Profepa reaccionó, porque la presidenta ordenó que se actuara, en 48 horas sucedió lo que ella mandató y todo se movió, lo que se suele tardar meses se movió, lo que es bueno, porque el efecto del planteamiento de Julio Hernández fue contundente, pero ¿cuánto desastre ambiental hay en el país, en los municipios, las regiones, de que los movimientos de defensa puedan hacer algo?”
