El Radar por Jesús Aguilar
I. El punto de quiebre
Durante años, el debate sobre redes sociales y adolescentes fue una conversación blanda: recomendaciones de “uso responsable”, campañas de alfabetización digital y llamados a la autorregulación de las plataformas. Ese ciclo se agotó.
Hoy, Australia, Francia, España y varios estados de Estados Unidos ya no discuten si regular, sino cómo prohibir. La palabra que antes incomodaba —restricción— se convirtió en política pública.
La razón es brutalmente simple: los daños dejaron de ser anecdóticos. Ansiedad, depresión, ciberacoso, sextorsión, grooming, consumo de violencia extrema, hipersexualización temprana y un diseño algorítmico pensado para capturar atención infantil como si fuera un recurso explotable.
El sistema, dicen los gobiernos, se les fue de las manos.
II. Australia: cuando el Estado le pasa la factura a las plataformas
Australia cruzó primero la línea roja. Desde diciembre de 2025, menores de 16 años no pueden abrir cuentas en redes sociales consideradas de alto riesgo. El punto clave no es la edad: es quién paga el costo político y económico.
- No se multa a padres ni a adolescentes.
- No se criminaliza el uso juvenil.
- La obligación recae en las plataformas, con multas millonarias si no verifican edad de forma razonable.
El mensaje es claro: si tu modelo de negocio necesita menores, entonces tu modelo es el problema.
Pero Australia abrió también la caja de Pandora: ¿cómo verificas edad sin crear un sistema masivo de vigilancia digital?
III. Francia y España: la “mayoría digital” como nueva frontera
Europa llegó al mismo punto por otro camino. Francia aprobó una prohibición para menores de 15 años y España anunció una ofensiva aún más dura: prohibición hasta los 16, verificación real de edad y debate abierto sobre responsabilidad penal por manipulación algorítmica.
Aquí aparece un giro relevante: ya no se habla solo de contenido ilegal, sino de diseño dañino.
No es lo que ves; es cómo te empujan a verlo.
Ambos países reconocen un riesgo adicional: una prohibición mal diseñada puede empujar a adolescentes a redes opacas, mensajería cifrada sin controles o cuentas falsas. Aun así, avanzan. El costo político de no hacer nada es mayor.
IV. Estados Unidos: el caos regulatorio
En EE.UU. no hay una ruta única. Hay leyes estatales, demandas judiciales, suspensiones cautelares y choques con la Primera Enmienda.
Resultado: un mosaico caótico donde algunas restricciones sobreviven y otras se caen.
Paradójicamente, ese caos dejó una lección valiosa: regular redes no es solo legislar, es rediseñar un ecosistema completo. Cuando solo se prohíbe, el problema muta.
V. El argumento de protección: lo que sí puede reducirse
Quienes impulsan las prohibiciones no hablan en abstracto. Plantean objetivos concretos:
- Reducir exposición incidental a pornografía, violencia extrema y retos virales.
- Cerrar la puerta al contacto no solicitado con adultos.
- Limitar la presión comercial y la publicidad dirigida a menores.
En estos puntos, la evidencia sugiere que sí hay efectos positivos cuando la restricción es real y no simbólica.
VI. El silencio incómodo: ¿y la salud emocional?
Aquí aparece la grieta.
Una generación que nació con un teléfono en la mano, que socializa, se informa, se enamora y se pelea en pantalla, puede vivir la prohibición como expulsión social.
No todos los adolescentes usan redes igual. Para algunos —jóvenes LGBTQ, adolescentes aislados, víctimas de violencia— las redes son refugio, no amenaza.
Cerrar sin alternativas puede amplificar soledad, ansiedad y clandestinidad digital.
El dilema no es tecnológico. Es emocional y cultural.
VII. Primera conclusión
El mundo eligió actuar porque el daño es real.
Pero la pregunta que queda flotando es otra:
¿prohibir redes es proteger a los adolescentes o proteger a los gobiernos del costo de enfrentar un sistema digital tóxico?
La respuesta importa, porque México está a punto de enfrentar ese mismo dilema.
Mañana en la segunda parte ahondaremos más en el tema…
