Debido a que considera que no existe una ley que defina y regule claramente su utilización, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), propone que las instituciones de seguridad pública determinen lineamientos para la instalación de inhibidores de señales de telefonía celular, radiocomunicación, así como trasmisión de voz, datos o imagen en el perímetro de complejos penitenciarios.
Plantea que tales equipos serán operados por autoridades distintas a los penales en centros remotos y serán monitoreados a cargo de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado, a través del Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Información e Inteligencia (C5i2).
Especifica que el bloqueo de señales, se hará sobre todas las bandas de frecuencia que se utilicen para la recepción en los equipos terminales de comunicación móvil.
Advierte que en ningún caso excederá de 20 metros fuera de las instalaciones de los centros o establecimientos, esto, en aras de garantizar la continuidad y seguridad de los servicios a los usuarios externos.
Sostiene que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha detectado que algunas de las extorciones telefónicas, se realizan desde las cárceles de la entidad, en donde las personas privadas de la libertad poseen celulares para llevar a cabo tales prácticas delictivas, “aunque esta conducta se encuentre prohibida según los propios estatutos internos de los centros de reinserción”.
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