La diputada Lidia García Anaya, de Morena, propuso un castigo para quienes no participen en elecciones, consultas populares y de revocación de mandato.
La propuesta consiste en cancelar por un año la credencial de elector, utilizada para realizar diversos trámites.
“De no acudir a votar en las elecciones, las consultas populares, los procesos de revocación de mandato, en los términos que señale la ley sin justificación previa, se cancelará la credencial de elector emitida por el Instituto Nacional Electoral por un periodo de un año para realizar trámites administrativos”, refiere su proyecto que plantea reformar el artículo 6 constitucional.
La legisladora señaló que votar es una obligación ciudadana; sin embargo, actualmente no existe ninguna sanción para aquellos ciudadanos que incumplen con ésta.
Dijo que en las democracias latinoamericanas, el voto obligatorio se introdujo como una forma de garantizar la participación electoral con la intención de favorecer la representación de grupos y partidos políticos emergentes.
“El voto obligatorio se fundamenta en que el acto de votar constituye la base de los sistemas democráticos: mediante el voto los ciudadanos legitiman la existencia de gobiernos democráticos. Al cumplir con el deber de votar se contribuye a formar la voluntad política de la sociedad”, expresó.
En Bolivia también se impide realizar trámites a quienes no acuden a votar; y en Argentina, Australia, Bélgica y Uruguay, además, se impone una multa.
Informador
