*.- Auditores, con facultad de acceso a documentacióncomprobatoria y justificativa de terceros, para realizar compulsas necesarias en revisiones exhaustivas.
*.- Proveedores de obra pública, sujetos a denuncias y sanciones administrativas y penales por detección de faltas graves durante auditorías a Cuentas Públicas 2025.
*.- Podrían estar involucrados en delitos como cohecho, peculado, abuso de autoridad, tráfico de influencias, uso indebido de recursos públicos y otros.
Con la finalidad de evaluar resultados de la gestión financiera, verificar el cumplimiento de objetivos, dar vista a las autoridades competentes en caso de faltas no graves y promover denuncias e imposición de sanciones administrativas y penales en caso de faltas graves, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí, continúa el proceso de auditorías a las CuentasPúblicas 2025.
Así lo informó el Auditor Superior del Estado, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, quien detalló también que los auditores siguen en los municipios y dependenciasdel estado, ejecutando el primer momento de los procedimientos de auditoría de campo a la obra pública, confrontando la información que proporcionan los entes públicos, con la que se requiere a terceros y proveedores, para verificar que todo coincida conforme a las leyes.
El procedimiento, que aborda la revisión y probable detección de actos de proveedores relacionados con desvío de recursos, también integra la revisión por pares con cruce de datos, para la ejecución de las auditorías 2026. En este sentido, el titular del IFSE señaló que los auditores tienen la facultad de requerir documentación comprobatoria y justificativa a terceros, para realizar las compulsas que se estimen necesarias.
Las revisiones podrían resultar en la comisión de presuntos delitos por parte de los proveedores: “Pueden configurarse cohecho, peculado, abuso de autoridad, tráfico de influencias, uso indebido de recursos públicos y otros delitos relacionados”.
Al respecto, Rodrigo Lecourtois puntualizó que es la autoridad judicial la responsable de imponer las sanciones correspondientes. “Las penas son económicas; inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; indemnización por daños y perjuicios al patrimonio público; suspensión de actividades; y disolución de la sociedad en caso de tratarse de personas morales”.
Finalmente, el titular del IFSE llamó a los funcionarios públicos y particulares relacionados contractualmente con los entes obligados, a brindar las facilidades y accesos necesarios al personal del organismo fiscalizador, para que efectúen las inspecciones in situ, recolecten evidencias y verifiquen el cumplimiento puntual de procesos y normas.
