Las violaciones a la ley y las multas que le impuso la autoridad electoral al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), entre ellas la tercera más alta de la historia del país, hicieron poco para mermar el poder de este instituto político. Al menos en la elección para renovar las 300 diputaciones de mayoría relativa, el Verde, gracias a su alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ganó en 158 demarcaciones; es decir, en un 52 por ciento de los territorios en disputa el pasado domingo.
El mensaje enviado a la sociedad mexicana con este resultado, consideró la investigadora en materia de elecciones y Estado de Derecho, Sandra Ley Gutiérrez, no es sólo que violar la ley en México no tiene castigo sino que, peor aún, se le premia.
“Si yo como ciudadano veo que mi autoridad no respeta la ley, y que no hay ninguna autoridad capaz de aplicar la ley o que las sanciones realmente duelan y no sean sólo simbólicas; si puedo seguir sacando préstamos para pagar las multas, si puedo seguir participando en las contiendas y termino ganando con el partido en el poder, el mensaje es que está bien violar la ley, que no pasa nada, que no hay consecuencias”, dijo Ley, profesora visitante en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y, hasta este año, colaboradora sobre temas de México en el Woodrow Wilson Center.
La analista, que acaba también de publicar un análisis sobre el impacto de la violencia en la participación ciudadana, fue consultada luego de que, el pasado domingo, el Partido Verde cerrara la trayectoria de presuntas violaciones a la ley que cometió durante todo el proceso electoral con una campaña de tuits en su favor y difundidos desde las cuentas de varios empleados de la farándula mexicana.
La campaña en esta red social en plena veda de difusión de mensajes políticos, y para la cual un periodista deportivo dijo que le habían ofrecido dinero, ha sido considerada por diferentes analistas como abiertamente ilegal. Los partidos de oposición, incluso, han solicitado que se investigue a los involucrados por probables delitos de lavado de dinero. El experto anticorrupción y académico de la Universidad de Columbia, Edgardo Buscaglia, planteó por separado que, aun cuando no se configurara este último ilícito, la urgencia de iniciar una investigación por violaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es evidente (LGIPE).
LA VERGÜENZA VERDE
Antes, el Verde ya había violado en repetidas ocasiones las disposiciones del Tribunal Electoral que le impedían sostener su campaña de difusión en televisión y en cines.
Ley Gutiérrez, por su parte, consideró que mientras el Verde no reciba castigo sino que, por el contrario, gane poder, sólo contribuirá a debilitar aún más el Estado de Derecho y a perpetuar el círculo vicioso de crimen e impunidad que ha impedido que México consolide una cultura de respeto a las reglas.
“Dada la situación de total impunidad e injusticia en la que está México, sería un pésima señal que la autoridad electoral no castigue una de las más claras violaciones a la ley en el reciente proceso electoral”, dijo.
“De ser así, esto añadiría a la falta de respeto a la ley, así como la falta de incentivos para el ciudadano promedio a denunciar, desde el delito menor hasta crímenes mayores como los que cada vez afectan a más regiones del país. Cuando las violaciones más flagrantes las comenten las autoridades y partidos y no les pasa nada, ¿qué puede esperar el ciudadano común y corriente cuando lo asaltan, mucho menos cuando le desaparecen a un familiar? La falta de justicia y aplicación a la ley siempre termina generando mayores y peores consecuencias en el largo plazo”, insistió.
En contraste con la corrupción del Verde, agregó Ley Gutiérrez, se encuentran las denuncias de las figuras públicas que aportaron indicios para conocer cómo se habría generado la campaña en las redes sociales el pasado domingo, como Jean Duverger, que reveló haber recibido ofrecimientos de dinero por parte de agencias de managment a cambio de tuits a favor del Verde.
“Qué bueno que han salido estas dos figuras publicas. La parte mejor informada del electorado es la que puede empujar al resto para que esto no vuelva a suceder. Ese es el poder de las redes sociales, la fuerza que tienen para organizar a la ciudadanía”, dijo.
“Por eso, corromperlas como lo hizo el Verde, usando las redes sociales para violar la ley, es realmente indignante. Porque si algo debemos apreciar es el valor de las redes, y no es posible que permitamos que ese poder que hemos ganado como ciudadanos lo arrebate un partido”, agregó.
Fuente: Sin Embargo.
