El Radar por Jesús Aguilar
En los últimos meses, México ha sido testigo de un tenso debate sobre la propuesta de reforma judicial promovida por el gobierno de AMLO y su continuidad actual en la gestión de la Presidenta Claudia Sheinbaum.
La reforma, bajo la bandera de democratizar el Poder Judicial y combatir la corrupción, ha generado controversias no solo en el ámbito político y jurídico nacional, sino también en el extranjero.
En una reciente intervención, abogados de Harvard se mostraron perplejos, incluso entre risas, al escuchar las explicaciones de un ministro mexicano sobre el esquema de selección de jueces y magistrados que pretende implementarse. La Presidenta Sheimbaum estalló condenándolos sin profundizar en su crítica afirmando que ella no podría permitir que “nadie se burlara de México”.
Pero no se están burlando del país, se están burlando de cómo están haciendo las cosas aquí. Este escenario ha llevado a analistas políticos y columnistas, como a Denisse Dresser, fulminada por AMLO y rematada en la transición de espacios de opinión aún de Televisa, publicó apenas ayer el ensayo titulado “Absurdos del Frankenstein llamado ‘reforma judicial'”, advirtiendo sobre la posible crisis constitucional que México podría enfrentar.
La reforma en cuestión plantea un mecanismo en el que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial proponen a los candidatos para ocupar los cargos de ministros, magistrados y jueces. Sin embargo, las preocupaciones surgen al considerar que dos de estos tres poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, ya están dominados por el partido gobernante, Morena. Esto hace evidente que los candidatos propuestos por estos poderes tendrán afinidades políticas que favorecen al gobierno. En palabras de la oposición, se trata de una estrategia para “cooptar” al Poder Judicial, permitiendo que el gobierno en turno lo controle de forma indirecta, pero efectiva.
El Comité de Evaluación: Un Filtro de Lealtades
Uno de los elementos más polémicos es el Comité de Evaluación que se encargará de aprobar o rechazar a los candidatos. Este comité, lejos de ser una instancia imparcial, podría estar inclinado a seleccionar a aquellos que se alineen con los intereses del partido en el poder. El concepto de independencia judicial, pilar fundamental en cualquier democracia, queda cuestionado. El riesgo de que los nombramientos se hagan con base en lealtades políticas y no en méritos profesionales es real. Esta es una de las principales críticas de académicos y expertos legales, quienes ven cómo el espíritu de una judicatura imparcial se desmorona en favor de intereses partidistas.
Un Pueblo que Vota, pero No Decide
Otro punto clave de la reforma es el papel que jugará el “pueblo” en la elección de los ministros y jueces. Aunque la idea de que los ciudadanos participen en este tipo de procesos parece democratizadora en la superficie, en realidad plantea múltiples problemas. En primer lugar, se permitiría a los ciudadanos votar por jueces especializados en áreas como competencia económica o asuntos constitucionales, temas que requieren un alto grado de profesionalización y conocimiento técnico. La mayoría de los votantes carecen del contexto o el conocimiento para evaluar adecuadamente a los candidatos en estas áreas tan complejas. El proceso electoral en este sentido podría convertirse en un ejercicio de popularidad, más que de competencia y experiencia profesional.
Además, los candidatos, que no juzgarán asuntos en sus propias localidades, dependerán de sus propios recursos para financiar sus campañas de promoción, algo que abre la puerta a la influencia del dinero en la justicia. Al depender de la publicidad en papel para difundir sus propuestas, aquellos con más recursos o conexiones estarán en ventaja. La justicia, advierten algunos críticos, podría estar literalmente “a la venta”, con candidatos financiados por grandes empresas, narcotraficantes o políticos bien conectados.
Una Baja Participación y el Control del Partido
Otro factor que podría agravar esta situación es el bajo nivel de participación que se anticipa en estos procesos electorales. Se estima que menos del 10% del padrón electoral participará en las votaciones para jueces y ministros. En este contexto, aquellos que tengan la capacidad de movilizar el voto se impondrán, y pocas fuerzas políticas en México tienen la maquinaria electoral que Morena ha desarrollado en los últimos años. Esto augura un escenario en el que la selección de jueces y magistrados responda más a la lealtad política que a la calidad jurídica.
La Justicia en Venta: ¿Una Reforma que Agrava los Problemas?
La promesa de la reforma judicial de resolver problemas como el nepotismo, la corrupción o la falta de acceso a la justicia parece cada vez más ilusoria. En lugar de fortalecer la independencia del Poder Judicial, los críticos temen que esta reforma convierta la justicia en un bien negociable. El partido gobernante, con su capacidad de movilización y recursos, podría asegurar el control de las instancias judiciales, eliminando así uno de los pocos contrapesos reales al poder Ejecutivo.
La pregunta que surge es si esta reforma realmente busca mejorar el sistema judicial o si, más bien, pretende consolidar el poder del gobierno sobre una de las instituciones clave para el funcionamiento democrático. Los abogados de Harvard, entre risas incrédulas, parecen haber captado el mensaje: una reforma judicial que, lejos de democratizar la justicia, crea un “Frankenstein” institucional, donde las reglas del juego favorecen al que ya tiene el control.
Entonces ¿Hay una crisis Constitucional en Puerta?
México podría estar al borde de una crisis constitucional si se aprueba y aplica esta reforma judicial tal como está planteada. La concentración de poder en manos del Ejecutivo, sumado a la influencia que el partido gobernante podría ejercer en la selección y elección de jueces, amenaza con desmantelar uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia: la independencia judicial. Sin un sistema de justicia imparcial, los ciudadanos más vulnerables, aquellos que ya sufren la injusticia cotidiana, serán los más afectados. La reforma, lejos de ser una solución a los problemas del Poder Judicial, podría convertirse en una herramienta más de control político, consolidando un sistema donde la justicia se alinea con los intereses del poder.
