El Radar por Jesús Aguilar
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San Luis Potosí entra a 2026 con una sensación conocida pero más peligrosa: casi todo está “en proceso”, casi nada está resuelto. Hay obras anunciadas, cifras optimistas, discursos de control y una narrativa oficial que insiste en que lo peor ya pasó. Sin embargo, al revisar con lupa lo que han venido documentando los principales medios del estado, el retrato es otro: una acumulación de pendientes estructurales que ya no caben debajo de la alfombra.
2026 no es un año neutro. Es el año en que arranca formalmente el proceso electoral rumbo a 2027, aunque la elección aún esté a distancia. Eso cambia todo. Porque los grandes problemas del estado no se resolverán en laboratorio técnico, sino en ambiente electoral, con incentivos cruzados, tentaciones de patear decisiones y una fuerte inclinación a administrar conflictos en lugar de cerrarlos.
Este es el Radar de esos pendientes. No para deprimir, sino para no distraerse.
Agua: el pendiente madre
Si hay un tema que explica buena parte de la fragilidad institucional del estado, es el agua. Y ya no se trata sólo de sequía o de lluvias irregulares: el problema es gestión, infraestructura colapsada, finanzas inviables y una erosión profunda de la confianza ciudadana.
El Realito siguió fallando al cierre de 2025 y entró a 2026 como símbolo de una dependencia mal resuelta. Interapas, por su parte, opera entre fugas masivas, déficit financiero, ajustes tarifarios impopulares y una discusión política abierta sobre su viabilidad. La intención de Soledad de separarse del organismo es más que un diferendo administrativo: es la señal de que el modelo metropolitano del agua está agotado.
2026 exige definiciones, no diagnósticos reciclados: si habrá reestructura real, cirugía financiera, control de fugas y combate al huachicoleo del agua, o si se seguirá administrando la escasez como normalidad. Además con la salida confirmada de Jorge Daniel Hernández Delgadillo del Interapas, hay más dudas que certezas de que el organismo mantenga estabilidad.
Seguridad: cifras que no alcanzan a curar la percepción
El discurso oficial presume reducción de delitos. Y aunque algunos indicadores muestran mejoría, la vida cotidiana sigue marcada por el miedo, la violencia focalizada y la impunidad. El contraste es particularmente grave en violencia contra las mujeres, donde las cifras y los testimonios siguen colocando a San Luis por encima del promedio nacional en lesiones dolosas.
El pendiente para 2026 no es sumar patrullas ni repetir estadísticas, sino hacer medibles los resultados, fortalecer policías municipales, atender violencias específicas y asumir que la percepción social también es un dato político. Si la gente no se siente más segura, algo sigue fallando.
Ciudad e infraestructura: el deterioro como paisaje
Los baches, las vialidades colapsadas y la movilidad deficiente no son sólo problemas urbanos: son síntomas de mala planeación y mantenimiento inexistente. La obra pública sigue privilegiando lo visible sobre lo duradero, el anuncio sobre el impacto, el corte de listón sobre el ciclo de vida de la infraestructura.
2026 debería ser el año de un cambio básico pero decisivo: pasar del parche al programa, del evento a la política pública. De lo contrario, la ciudad seguirá siendo el recordatorio cotidiano de que el gobierno no alcanza a sostener lo que promete.
Medio ambiente y salud: lo que no se mide no se gobierna
La contaminación del aire, el crecimiento vehicular y la ausencia de un sistema robusto de monitoreo ambiental mantienen a San Luis en una zona cómoda de simulación. Sin datos confiables, no hay alertas, no hay políticas correctivas y no hay responsabilidades.
El pendiente ambiental no es accesorio: impacta salud pública, competitividad y calidad de vida. Y se conecta directamente con el agua, el crecimiento urbano y la movilidad. Seguir tratándolo como tema secundario es una forma elegante de no gobernarlo.
UASLP: dinero, autonomía y confianza
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí entra a 2026 con un presupuesto históricamente alto, pero también con viejas tensiones: aportaciones estatales condicionadas, debates sobre fiscalización, expedientes abiertos y una relación política que nunca termina de normalizarse.
El problema no es sólo financiero. Es de confianza pública. El pendiente real es si el presupuesto se traducirá en mejores condiciones académicas, atención a violencias internas, fortalecimiento institucional y rendición de cuentas clara, o si volverá a ser rehén del estira y afloja político.
Anticorrupción: instituciones que existen, pero no pesan
El Sistema Estatal Anticorrupción sigue siendo uno de los grandes pendientes silenciosos. Hay estructura, hay nombramientos, hay discursos… pero pocos resultados tangibles. Omisiones de ayuntamientos, encargos breves, falta de continuidad y una sensación generalizada de irrelevancia.
2026 debería ser el año mínimo de exigencia: planes verificables, agendas públicas y resultados medibles. Todo lo demás es decoración institucional.
Incluso el último petardo del Sistema Estatal Anticorrupción que fue la “aceptación” de la nominación del controvertido ex político, aviador confeso del gobierno estatal y centro del escándaloso caso del terreno rentado por la UASLP a la empresa VEM que está representando. Veremos hasta donde Fabián Espinosa tiene el tamaño que dice tener, el talante y la integridad real que dice defender y no las mentiras amplificadas que sus socios y beneficiarios le han ayudado a construir y va al fondo de los casos de corrupción que se han venido ventilando en todo el estado en todos los niveles. Incluyendo las de los que lo postularon.
Derechos humanos: la fricción constante
Las quejas ante la CEDH son un termómetro incómodo: detenciones irregulares, malos servicios públicos, afectaciones a menores. No son casos aislados; son fricciones sistemáticas entre autoridad y ciudadanía.
El pendiente no es sólo atender quejas, sino prevenirlas. Protocolos policiales, estándares de servicio y sanciones reales cuando hay abuso. Si no, la queja seguirá siendo el canal normal de relación con el Estado.
Reforma electoral: el reloj ya corre
Y sobre todo esto flota un factor que lo atraviesa todo: la reforma electoral nacional y su aterrizaje en San Luis Potosí. Aunque la elección sea en 2027, el proceso comienza en 2026. Negarlo es ingenuidad o simulación.
La armonización legal local, la integración y presupuesto de las autoridades electorales, las reglas de paridad y acciones afirmativas, la fiscalización del dinero y el uso de programas públicos serán campos de disputa desde este mismo año. 2026 es cuando se define si habrá reglas claras o una elección judicializada desde el arranque.
La #LeyEsposa es ya lo de menos, lo que urgiría es una política integral para cambiar la situación y desequilibrios que se sufren en lo cotidiano y en lo institucional.
Cierre: 2026 no es antesala, es prueba
El gran riesgo de San Luis Potosí no es carecer de diagnósticos, sino repetir la costumbre de reaccionar tarde. 2026 es el año en que los pendientes se cruzan con el calendario electoral. Agua, seguridad, ciudad, universidad, anticorrupción y derechos humanos se resolverán —o se patearán— en un ambiente de competencia política abierta.
El Radar para este año no pide milagros. Pide algo más básico y más raro: decisiones, con fechas, responsables y consecuencias. Porque lo que no se cierre en 2026, no se cerrará con facilidad en 2027. Y entonces ya no serán pendientes: serán crisis heredadas.
