Por Jesús Aguilar
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La presidenta Claudia Sheinbaum sorprendió a propios y extraños al adelantar un mes sus propuestas de reforma constitucional para prohibir la reelección consecutiva y combatir el nepotismo en cargos de elección popular dentro del Poder Legislativo, gubernaturas y alcaldías.
Sería inocente no revisar que este movimiento es político, lejos de ser una simple iniciativa, ha detonado un conflicto de poder dentro de Morena y sus aliados, evidenciando fracturas en la coalición gobernante.
El objetivo de Sheinbaum con este adelanto parece ser neutralizar a sus opositores internos antes de que pudieran articular una resistencia efectiva.
Eliminar cotos de poder regionales que puedan transitar por encima de la hegemonía de su sexenio y promover un cambio generacional ajeno a los tótems que ya juegan en el tablero mayor y a quienes puedan controlar desde el centro.
“Madrugar” a la oposición interna, sin embargo, ha generado una reacción inmediata de senadores y legisladores que buscan modificar la propuesta, exigiendo que entre en vigor en 2027 en lugar de 2030 y ampliando su alcance al Poder Ejecutivo, Judicial y a los partidos políticos.
Entre los principales opositores a la iniciativa destacan figuras como los senadores Félix Salgado Macedonio y Saúl Monreal, quienes ya se perfilaban como sucesores en Guerrero y Zacatecas, respectivamente. A ellos se suma Miguel Ángel Yunes Márquez, cuya influencia en Veracruz lo convierte en un actor autónomo dentro de la ecuación política. Estos personajes representan un viejo esquema de poder que la reforma busca desmantelar, pero que se resiste a desaparecer.
Por supuesto que pasa por San Luis Potosí, donde incluso fue hace menos de un año la plenaria de los legisladores federales verdes donde su único gobernador, Ricardo Gallardo, promovió el cierre de filas para su esposa Ruth González quien acababa de arrasar en la elección al Senado.
Uno de los puntos más álgidos es la intención de algunos legisladores de extender la prohibición de acceso a cargos públicos hasta en cuarto grado de parentesco con expresidentes y otros altos funcionarios.
Esta cláusula, de implementarse, afectaría directamente a figuras como Andrés López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, quien ha sido mencionado como posible candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2030.
El PT y el Partido Verde, aliados históricos de Morena, también ven con preocupación la reforma, pues sus estructuras dependen en gran medida del reciclaje político que la no reelección eliminaría. Para estos partidos, la iniciativa representa un golpe directo a su modelo de supervivencia, basado en negociar candidaturas y posiciones dentro de la mayoría legislativa.
Paradójicamente, la ampliación de la reforma podría fortalecer a Sheinbaum frente a su predecesor, López Obrador, y sus allegados. Si la iniciativa es modificada para entrar en vigor en 2027, la presidenta tendría un control más firme sobre el proceso de selección de candidatos en las próximas elecciones intermedias, debilitando la influencia de actores externos que intenten incidir en la dinámica interna de Morena.
Aunque finjan que todo está bien y sólido, las condiciones de Claudia en el poder distan mucho de haber sido las planeadas por su mentor y los confrontan cada vez de manera más directa, el discurso puede no cambiar pero los escenarios son absolutamente distintos.
El destino de la reforma dependerá de la capacidad de Sheinbaum para contener la rebelión dentro de su partido y negociar con los sectores afectados. La discusión en el Senado será clave, y su desenlace marcará el futuro del equilibrio de poder en el sexenio de la primera presidenta de México.
La resistencia del Verde y sus condiciones mirando a San Luis de reojo se construirán en el estira y afloje que viene.
