El RADAR por Jesús Aguilar
Llegó a mis manos el documento con el que se está discutiendo entre bancadas y liderazgos el “planchado” de la reforma electoral de la Presidenta Sheinbaum que se vaticina como un cataclismo pre electoral y una verdadera reingenieria del poder público en México. Aquí el análisis.
Decidir: ¿qué está realmente en juego?
La discusión no es “si el INE cuesta mucho” o “si los partidos gastan demasiado”. Lo que está en juego es más profundo: quién representa a quién, qué tan plural es el Congreso, quién controla el aparato electoral y cómo se defiende la integridad de la conversación pública en tiempos de propaganda digital y deepfakes.
La propuesta que se atribuye a la Presidenta Claudia Sheinbaum —según las láminas de la “Comisión Presidencial para la Reforma Electoral”— viene con una narrativa fácil: austeridad + modernización. Pero detrás de esa etiqueta hay decisiones quirúrgicas sobre el mapa del poder.
Y aquí el dilema: ¿queremos un sistema más barato, aunque sea menos plural? ¿O queremos un sistema más plural, aunque sea más caro y más complejo?
El análisis lo más claro posible, punto por punto.
1) Diputados: 508 (no 500). Y el cambio no es menor
La propuesta dice: Cámara de Diputados, sistema mixto con 508 diputaciones:
• 300 por mayoría relativa (distritos).
• 200 por representación proporcional (RP), divididas en:
o 100 tipo “RP territorial”: para candidaturas con alta votación que no ganaron su distrito (una especie de “mejores desempeños sin triunfo”, ordenados por porcentaje).
o 100 por lista nacional.
• 8 diputaciones adicionales de RP para la diáspora mexicana, con listas por partido y reglas específicas de preferencia. (por díaspora entendemos a los mexicanos en el extranjero).
Traducción: se mantiene la idea de pluralidad por RP, pero se intenta que una parte de esa pluralidad “huela” más a territorio. Y se agrega un gesto político potente: dar representación parlamentaria a mexicanos fuera del país.
La pregunta incómoda: ¿esas 8 curules de diáspora abren representación real o se vuelven una nueva cuota controlada por los partidos? Dependerá del diseño fino: padrón, fiscalización, campañas, y cómo se evita que se conviertan en “listas VIP”.
2) Senado: 96, y se borra la RP (la poda más fuerte, rasuran a 32)
Aquí está el filo:
• 96 escaños.
• 64 por mayoría (2 por estado).
• 32 por primera minoría (1 por estado).
• Se elimina la representación proporcional del Senado (las 32 que hoy entran por lista).
Traducción: el Senado se vuelve más mayoritario y más “estatalizado”. En el papel suena a simplificación; en la práctica puede significar menos pluralidad nacional y más barreras para fuerzas medianas/pequeñas que hoy encuentran oxígeno en la RP.
Si la cámara de Diputados es donde se “negocia”, el Senado muchas veces es donde se “cierra”. Hacerlo menos plural no es un ajuste técnico: es un cambio de régimen parlamentario.
3) Ayuntamientos: Mayoría Relativa para mando, mixto para cabildo
La propuesta también mete mano en lo municipal:
• Presidencia municipal por mayoría.
• Una sindicatura por mayoría.
• Regidurías con sistema mixto: 60% MR / 40% RP, y ajuste en número de regidurías según población.
Traducción: se busca gobernabilidad municipal asegurando mayoría, pero con una dosis de representación. El “pero”: 60/40 favorece al ganador; en municipios polarizados puede traducirse en cabildos con oposición más testimonial.
4) “Austeridad” del INE: recortar estructura permanente
La reforma plantea adelgazar costos con cambios operativos: menos estructura permanente, más operación “por temporada electoral”, compactación de áreas, etc.
Traducción: no es solo bajar sueldos; es tocar el corazón del modelo: el INE como institución con músculo profesional estable.
Aquí la discusión es seria: ¿se puede mantener calidad electoral con menos estructura permanente? Tal vez sí, pero solo si el rediseño no termina debilitando capacitación, instalación, logística y control territorial. En elecciones, lo barato sale caro… cuando el conflicto post-electoral cuesta el triple.
5) Dinero a partidos: del padrón al voto (y recorte)
La propuesta mueve la lógica del financiamiento: más ligado a la votación recibida y con reducción del monto total, manteniendo una parte igualitaria y otra proporcional.
Traducción: premia resultados y castiga “partidos cascarón”. Pero también puede volver más difícil que fuerzas nuevas compitan si se les reduce oxígeno al inicio.
6) Fiscalización “bancaria”: el rastro del dinero como regla
Se empuja una fiscalización más dura: trazabilidad, operaciones vía sistema financiero, menos margen para efectivo y simulación.
Traducción: esto es probablemente de lo más defendible si se hace en serio. En tiempos de “huachicol fiscal”, factureras y dinero clandestino, lo electoral no puede seguir siendo una isla.
7) Comunicación política: menos saturación y freno a deepfakes
Hay un giro contemporáneo: menos saturación de spots y reglas más estrictas sobre propaganda engañosa, incluyendo simulación de voz/imagen (deepfakes) y exigencias de identificación.
Traducción: es reconocer que la elección ya no se disputa solo en plazas y televisión; se disputa en algoritmos, audio manipulado y campañas sucias digitales.
El riesgo aquí es el de siempre: regular sin censurar. La frontera entre “desinformación” y “crítica dura” tiene que estar escrita con bisturí, no con machete.
Esta reforma no es un paquete administrativo: es una reforma de arquitectura del poder.
• Sí, hay piezas modernas valiosas: fiscalización con trazabilidad financiera, reglas ante deepfakes, y el reconocimiento político de la diáspora.
• Pero la eliminación de la RP en el Senado y el rediseño institucional bajo la bandera de “austeridad” pueden terminar siendo algo más: una reforma que reduce pluralidad y concentra decisiones.
La pregunta que yo dejaría al aire —para que la audiencia la haga suya— es sencilla:
¿Queremos elecciones más baratas… o instituciones más fuertes?
Porque a veces, en México, lo que se anuncia como “ahorro” termina siendo otra cosa: un rediseño silencioso para que la pluralidad cueste más trabajo.
