El nuevo presidente interino de Perú, José María Balcázar, enfrenta múltiples imputaciones por corrupción y ha sido objeto de polémicas por declaraciones públicas. Balcázar asumió el cargo tras la destitución de José Jerí, en medio de un nuevo episodio de inestabilidad política en el país andino.
Sobre Balcázar pesa una denuncia constitucional por presunto intercambio de favores con la exfiscal general Patricia Benavides. Según la acusación, el entonces congresista habría acordado respaldar a Benavides en la Fiscalía a cambio de favores judiciales en procesos abiertos contra él. También se cuestiona que su nuera fuese nombrada fiscal tras una reunión con asesores de Benavides.
Balcázar fue expulsado del Colegio de Abogados de Lambayeque, donde laboró como decano, bajo imputaciones de apropiación de fondos de la institución, cambio de titularidad en cuentas financieras, querellas y defraudación de persona jurídica. La entidad advirtió antes de su designación que con su conducta causaba un grave perjuicio a su propio colegio profesional.
Como juez provisional en la Corte Suprema de Perú, modificó en 2004 una sentencia que ya tenía carácter de cosa juzgada. Esto pesó para que no fuese renovado en el cargo en 2011, después de ser destituido inicialmente por el Consejo Nacional de la Magistratura en 2006. Como juez en Chiclayo también acumuló imputaciones por prevaricato.
En el ámbito parlamentario, declaró estar a favor de las relaciones sexuales con menores de edad. “Mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de la mujer”, afirmó durante el debate de una ley que prohibía el matrimonio infantil. Balcázar fue uno de los tres parlamentarios que se abstuvieron de votar a favor de la prohibición. Ya como presidente, ratificó su postura y dijo ser firme en sus convicciones.
Organizaciones defensoras de derechos humanos criticaron sus declaraciones, señalando que atentan contra el interés superior del niño y generan alarma ciudadana. Balcázar gobernará hasta el 28 de julio, cuando entregará el poder al ganador de las elecciones generales de abril.
