A LO QUE TE TRUJE
Por Chencha
La periodista Estela Ambríz Delgado de Astrolabio publicó una investigación especial con ejemplos y pruebas fehacientes sobre cómo los comisariados ejidales de la mancha urbana y otros puntos del estado se han convertido en enemigos de sus representados, de la comunidad abierta y cómplices de hechos de corrupción rampantes.
En resumen, se narra cómo habitantes de los ejidos de La Pila y sus anexos, San Juan de Guadalupe con Tierra Blanca y San Miguelito, así como Núñez en Guadalcázar, enfrentan serias acusaciones contra sus comisariados.
Se solicita a la Procuraduría Agraria (PA) auditorías exhaustivas sobre la gestión de recursos federales y convenios controvertidos que afectan sus tierras y recursos naturales.
En La Pila, los ejidatarios denuncian un acuerdo con Mexicana de Técnicos en Autopistas (Meta) del empresario Vicente Rangel Jr. estrechamente ligado al nuevo Secretario de Desarrollo Económico Salvador González por la ampliación del Libramiento Oriente.
A pesar de un convenio de pago de 30 millones de pesos, solo se desembolsaron 9 millones, según documentos que indican discrepancias financieras y falta de transparencia en la administración.
Hay voces formales que acusan presión de META amenazando con una expropiación. ¿Qué negocios andarán haciendo con el titular de SEDECO como para que se atrevan a empujar esta idea que evidentemente no tienen a su alcance ni les corresponde?
La historia de la expropiación en México ha llevado a corrupción e injusticia para las comunidades indígenas. El despojo de tierras es un problema constante, reflejado en las demandas de indígenas y campesinos. Las autoridades gubernamentales a menudo aprovechan la estructura jurídica para su propio beneficio, emitiendo decretos en detrimento del ejido. Este problema es evidente en el proyecto del Tren Maya del actual gobierno federal. Para ilustrar la inconsistencia y el incumplimiento de la ley en este proyecto, se analizará el marco legislativo de la expropiación en México.
La expropiación en México es un acto administrativo del Estado que priva a una persona de su propiedad, total o parcialmente, por una causa de utilidad pública prevista en la ley, con el pago de una indemnización. El marco jurídico del decreto presidencial de expropiación se basa en el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 27, párrafo segundo, de la misma Constitución; 13, 36 y 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 93, fracción VII, y 94 de la Ley Agraria.
Por otro lado, en San Juan de Guadalupe, las demandas se centran en el manejo financiero de ingresos por servicios ambientales y contratos de usufructo millonarios con empresas privadas. Los comuneros exigen claridad sobre pagos y acuerdos que, aseguran, no fueron validados adecuadamente en asambleas comunales.
Mientras tanto, en Núñez, se cuestiona el uso de fondos provenientes de la explotación de recursos mineros y derechos de paso. La comunidad reporta falta de rendición de cuentas por parte del comisariado, además de acusaciones de malversación relacionadas con programas federales y estatales.
Los solicitantes han invocado el Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria y los lineamientos de Conamer para exigir auditorías detalladas. A pesar de obstáculos iniciales, como la negativa inicial basada en formalidades asamblearias, persisten en sus reclamaciones, respaldados por evidencia documental que señala inconsistencias entre acuerdos asamblearios y la ejecución de convenios financieros.
En respuesta a estas acusaciones, el representante local de la Procuraduría Agraria, Álvaro Pineda Maldonado, se comprometió a trasladar las solicitudes a las oficinas centrales en la Ciudad de México para evaluar su procedencia y determinar los siguientes pasos bajo el marco legal correspondiente.
Toda esta denuncia formal y absolutamente relevante refleja un patrón preocupante de gestión opaca y posibles irregularidades en la administración de recursos públicos y derechos comunitarios, es indispensable sopesar la importancia de una supervisión rigurosa y transparente por parte de las autoridades competentes para garantizar el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos de los ciudadanos.
La federación juega en esto por encimita, el estado es un observante curioso y sin dientes y los ayuntamientos, promotores de la omisión silenciosa y criminal que ha devastado parte de nuestra tierra. No lo podemos permitir.
