Con el argumento de que se debilitaría la función de la Procuraduría federal y estatales, el proyecto de dictamen en materia de anticorrupción elaborado por las comisiones de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos, de Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado propone no darle al nuevo órgano que combatirá la corrupción el ejercicio de la acción penal.
“Las comisiones dictaminadoras consideran que no es viable conceder la propuesta planteada por algunas iniciativas de otorgar al órgano constitucional autónomo la facultad de ejercicio de la acción penal, en virtud de que con ello se estaría debilitando a las procuradurías, se volvería muy compleja la coordinación con las procuradurías cuando en los delitos de corrupción haya conexidad con otros delitos como pueden ser los de delincuencia organizada”, detalla la propuesta.
El documento —que sigue a discusión en comisiones— plantea que el nuevo órgano para combatir la corrupción sea autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y tenga facultades para perseguir y sancionar delitos administrativos a través de la multa, destitución e inhabilitación. Los casos penales seguirían a cargo de laProcuraduría General de la República (PGR).
“(Darle facultades punitivas) va en contra del modelo penal acusatorio que aprobó el Constituyente Permanente en 2008, donde se prevé la especialización de la investigación penal en tres instancias: una que investiga, otra que revisa los méritos de los casos y otra que juzga”, reitera el documento.
La justificación del proyecto de dictamen también considera que el otorgamiento de una facultad persecutoria a la nueva oficina anticorrupción implicaría la elaboración de una estructura administrativa que la haga funcionar a cabalidad, como son ministerios públicos, actuarios, peritos e investigadores en todo el país, sin mencionar la necesidad de contar con una policía propia para ejercitar la acción penal, por lo que “no se encontró en la revisión de experiencias internacionales, un caso donde el ejercicio de la acción penal estuviera separada en dos instancias dependiendo del delito”.
De acuerdo al documento, el diseño institucional del órgano anticorrupción estaría creado para que no tuviera impedimentos bancarios, fiduciarios ni fiscales para hacer sus investigaciones; sería profesional, es decir, contaría con un cuerpo de investigadores y especialistas en diversas disciplinas que serían los responsables de integrar los expedientes y actuaría de oficio, por denuncia, por atracción, o a petición de instancia fiscalizadora.
De aprobarse en su términos, el responsable del órgano anticorrupción deberá cubrir los mismos requisitos para ser Procurador General y sería designado por el Ejecutivo Federal, con la ratificación, dentro del plazo de 30 días naturales, de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en su caso, de la Comisión Permanente.
“Si dentro de dicho plazo la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente, no se pronuncia sobre la designación, se tendrá por ratificada. En caso de que en la votación no se reúna la mayoría requerida, el Ejecutivo Federal deberá someter a ratificación una nueva designación. Si respecto de esta segunda no existe pronunciamiento en igual plazo, la misma se entenderá ratificada y, si sometida a votación no se reúne la mayoría requerida, el Ejecutivo Federal designará directamente a otra persona”.
Las comisiones dictaminadoras también incorporarían a los titularles de órganos constitucionalmente autónomos existentes como, es el caso Banco de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(CNDH), como sujetos a juicio político en posibles hechos de corrupción.
El proyecto de dictamen no recoge en sus términos las propuestas del PAN y PRD. En días previos a la elaboración del mismo, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Roberto Gil, criticó al PRI y dijo que crear un organismo sin dientes y sin herramientas jurídicas era crear un elefante blanco, por lo que insistirían para que tuviera la posibilidad de investigar cualquier acto de corrupción a cualquier nivel.
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