Hay varios motivos para salir a protestar el próximo 8 de marzo en San Luis Potosí, vamos a demostrarlo comenzando por lo más grave: en agosto de 2024 la hoy extinta Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) decidió retirar la Alerta de Violencia de Género (AVGM) de los municipios de Matehuala, Tamazunchale y Tamuín argumentando que ya no presentaban las mismas condiciones de muertes violentas de mujeres que tuvieron cuando se determinó la declaratoria.
El Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) convocado para vigilar su cumplimiento, conformado por el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del Instituto Nacional de Ciencias Penales, la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar A.C, el Instituto de las Mujeres del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí además de otras expertas, eran conscientes de que la violencia feminicida no consiste sólo en la privación de la vida de las mujeres.
Vamos a ver, la violencia feminicida es un concepto jurídico en México vigente desde 2007, fue integrado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia junto con la Alerta de Violencia de Género, mecanismo destinado a enfrentar y erradicar el fenómeno por parte de los gobiernos estatales en un tiempo y territorio concreto.
A pesar de constituir una herramienta a favor de la vida y la integridad de las mujeres, tuvieron que transcurrir ocho años para que se emitiera la primera declaratoria de Alerta, el 31 de julio de 2015 en el Estado de México, brindar el porqué de esa resistencia es sencillo: desde los asesinatos de Chihuahua en los años noventa, los gobiernos han respondido a los reclamos de su tolerancia con los crímenes contra las mujeres echándoles la culpa, una AVG es exactamente lo contrario.
Esto queda claro tanto en el acervo periodístico de aquellos años como en los constructos de feministas cuyos peritajes contribuyeron a la emisión de la Sentencia del Campo Algodonero en donde el elemento de la impunidad es resultado directo de la inacción del Estado, por ejemplo, en el análisis de Julia Monárrez se establecieron las características del momento histórico que atravesó Ciudad Juárez de 1993 a 2008, la situación de las mujeres asesinadas, de los presuntos responsables, de los hechos criminales, la posición geográfica, económica y social de esa entidad, la dinámica de migración y de trabajo, la posición de poder entre los hombres y las mujeres, etcétera.
Fue observado que al darse a conocer el fenómeno por los medios feministas del país y ante la exigencia de seguridad y de justicia, la política creada para responder a la desaparición y los asesinatos se concentró a lo largo de tres gubernaturas en acusar a las organizaciones de lucrar con el dolor de las familias, al diseño de campañas de prevención sostenidas en manifiestos sexistas y de limitación de movimiento para con las actividades de las mujeres a quienes conminaron a no salir de noche, a no salir solas, a quedarse en casa, a no relacionarsecon gente que no fuera de su clase social.
Asimismo, culparon a las familias de las víctimas, señalándolas como desintegradas y disfuncionales, ignorantes de que las mujeres asesinadas llevaran una “doble vida”, sin valores morales, lo cual se repitió cada vez que encontraban un cuerpo, es decir, hubo un discurso deliberado destinado a minimizar, negar e invisibilizar el fenómeno, llegando a extremos como el de señalar que la noticia y la exigencia de justicia minaría la prosperidad económica de la ciudad y su potencial de atractivo para la industria. ¿Le suena familiar?
Décadas después estos mismos vicios se mantienen, aunque el escenario del poder haya cambiado, en tanto el partido del actual régimen insiste en que el arribo de una mujer a la presidencia de la República es la llegada de todas a una nueva posición social y de participación, las asesinadas durante el sexenio anterior y el actual no lo consiguieron, y ahora mismo miles de mujeres mexicanas están sometidas a la violencia así que no tienen las condiciones para participar de ese estado ideal.
En diciembre pasado el Estado Mexicano participó en una reunión preparatoria en Chile, hacía el 69º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, y el trigésimo aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Allí Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias [SIC] de la Secretaría de las Mujeres, anunció oficialmente que México será sede de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe en agosto de este año.
Es más, a nivel internacional el país ha respondido al cuestionario enviado a la Plataforma de Acción afirmando una disminución del 33.3% en el delito de feminicidio, la creación de un modelo de búsqueda diferenciada para la desaparición forzada o cometida por particulares, el Protocolo Alba, además de la “contribución” de los Grupos de Trabajo al mecanismo de las Alertas.
Es decir, la negación de la violencia feminicida es elemento permanente de campaña a costa de nuestras vidas, y vuelvo a San Luis Potosí, a saber qué negociación hubo para tomar la decisión de comenzar a desmantelar las AVGM empezando por nuestra entidad entre las 25 AVGM actualmente vigentes, el GIM no tenía elementos para ello, no se sabe qué pasará con él ahora cuando la CONAVIM ya no existe y las alertas son responsabilidad de esa nueva Secretaría de las Mujeres sobre la cual se ha dicho, representa un “símbolo”, nunca más cierto.
Si la violencia feminicida no coniste únicamente en la desaparición y el asesinato sino que estos crímenes son la cúspide de un entramado de agresiones y desigualdad, de la suma de acciones y omisiones caracterizadas por la misoginia y la impunidad por el uso de estereotipos que creímos rebasados sería suficiente con analizar la incidencia delictiva: de enero a diciembre de 2024 el Estado reportó al Secretariado Ejecutivo 12 feminicidios, 32 homicidios dolosos, 66 culposos, 12,335 carpetas de investigación iniciadas por los delitos de lesiones, violencia, trata, corrupción y violación, además de 14,574 llamadas a 911 por actos de agresión contra mujeres.
En esta invitación a permanecer en el sometimiento, las potosinas fuimos elegidas para asumir el costo de la simulación de esta política a nivel nacional y debemos considerar que nuestra reacción a ello será un ejemplo para el resto de México. Seguimos.
Claudia Espinosa Almaguer
