El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) retomará investigaciones pendientes desde 2006 en las que se acusa a ex diputados locales de distintos partidos de haber entregado “apoyos fantasmas”, es decir, recursos públicos que nunca llegaron a personas reales. Estos casos fueron encontrados en una caja almacenada en el área de Archivo y contenían procesos inconclusos que ahora serán retomados, ya que los posibles delitos aún no prescriben.
Dentro de esa caja, las autoridades localizaron documentos relacionados con denuncias públicas hechas por organizaciones ciudadanas que señalaron a varios ex legisladores por desviar recursos que les fueron asignados por el Congreso del Estado. Estos documentos muestran que el tema fue tratado de manera conjunta en su momento, pero las investigaciones no se concluyeron.
El método que supuestamente utilizaban era simular que ayudaban a una persona, quien luego entregaba una carta de agradecimiento. Esta carta era usada como comprobante ante la tesorería del Congreso. Sin embargo, las organizaciones civiles descubrieron que muchos de esos “beneficiarios” no existían o ya habían fallecido.
Entre los ex legisladores señalados destacan figuras como Martha Orta Rodríguez, José Luis Romero Calzada, Oscar Bautista Villegas —del PRI en ese entonces—, así como Mariano Niño Martínez y Josefina Salazar Báez, del PAN. Todos ellos podrían ser llamados a rendir cuentas en los próximos meses.
Algunos de los involucrados, al ser señalados, regresaron el dinero al Congreso. A pesar de eso, los expedientes no se cerraron y continúan bajo análisis por parte del IFSE. La intención es que se sancione cualquier falta cometida, sin importar el tiempo transcurrido.
Uno de los casos más conocidos es el del ex diputado Mariano Niño Martínez, quien fue vinculado a proceso en 2019 por el posible delito de peculado. Aunque siguió su proceso en libertad, un juez encontró indicios suficientes para continuar la investigación en su contra.
Integrantes de la Comisión de Vigilancia del Congreso local aseguraron que estos expedientes contienen pruebas suficientes para demostrar irregularidades, por lo que exigirán al IFSE y, de ser necesario, a la Fiscalía General del Estado, que actúen con firmeza y sin permitir impunidad.
