El Presidente Miguel Alemán Valdés estableció, el 7 de junio de 1951, el día de la libertad de expresión. Posteriormente, en 1976, el Presidente Luis Echeverría constituyó la entrega del premio nacional de periodismo, que luego se fue tropicalizando en cada una de las entidades federativas del país.
El ejercicio del periodismo hoy está inmerso en varios contextos, entre ellos, la inmediatez con que se trasmiten las noticias en internet, redes sociales, por periodistas o gente común; lo que hace que luego de un tiempo relativamente corto, minutos tal vez, una noticia se vuelva añeja.
Otro contexto es el de la violencia ejercida en nuestro país contra los periodistas. Si antes solamente el monopolio de la fuerza estatal cobraba la vida de periodistas, desde unos años a la fecha se suma la violencia de grupos de poder o grupos criminales que toma la vida de quienes hacen públicas aquellas cosas que no quieren que se sepan. Entre 1983 y 2010 se asesinó en México a 105 comunicadores y, entre 2005 y 2012, a otros 68. Qué duda cabe que la verdad no peca… pero incomoda.
Uno más, no menos importante, es el que transforma la libertad de expresión en un derecho humano, a partir de la reforma al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en junio de 2011.
Pero el ejercicio de un derecho, ni es absoluto ni está exento de obligaciones. El Congreso del Estado de Nuevo León acaba de aprobar la adición del artículo 345 bis, a su Código Penal, para prevenir la difamación y los ataques a la honra de las personas. Bien por los diputados neoleoneses, porque si bien existen individuos que ejercen responsablemente el periodismo o la denuncia ciudadana contra los excesos del poder, sea este institucional o fáctico, existen otros cuya investigación periodística, o críticas en redes sociales, consiste en la introspección de sus propios resentimientos hacia la vida o hacia los demás. Se escudan en la libertad de expresión, la asumen absoluta e ilimitada y, con base en ello, atropellan los derechos humanos y las garantías constitucionales de sus semejantes, no pocas veces con fines de lucro o de futuros beneficios políticos ante la eventual aprobación de las candidaturas ciudadanas. Para ellos debería existir, en todo el territorio nacional, un límite como el que de manera oportuna y correcta han instituido los neoleoneses; precisamente porque la libre manifestación de las ideas tiene -como límites constitucionales- el ataque a la moral, los derechos de tercero, la provocación de algún delito o la perturbación del orden público.
La libertad de expresión en México es un valor fundamental en el desarrollo de las comunidades, está fuertemente asociada al ejercicio de otros derechos como la transparencia y la rendición de cuentas que, al final del día, cuando se usan de manera ética, contribuyen a fortalecer la democracia, en tanto sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.
Marco Antonio García Briones
