El Senado de la República está a punto de discutir la reforma constitucional que busca consolidar el mando militar en la Guardia Nacional, aprobada previamente por los diputados el 19 de septiembre. Este cambio ha sido promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde la creación de la Guardia en 2019, y forma parte de un paquete más amplio de 20 reformas constitucionales enviadas en febrero de este año.
Uno de los puntos más críticos de esta reforma es la adscripción formal de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Aunque desde su creación la Guardia Nacional fue concebida como una institución con mando civil, la mayoría de sus elementos y altos mandos provienen de las Fuerzas Armadas, particularmente del Ejército y la Marina. Esta reforma busca oficializar esta realidad, definiendo a la Guardia como una fuerza pública de carácter permanente, integrada por personal militar con formación policial, bajo el mando de la Sedena.
La iniciativa también propone que los elementos provenientes de la extinta Policía Federal, que han estado en la Guardia Nacional desde su creación, pasen nuevamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dejando a los militares al mando completo de la institución. Sin embargo, una reserva pendiente podría excluir al personal de la Marina (Semar) de esta transferencia.
El control militar de la Guardia Nacional, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos como el Centro Prodh, ya es un hecho en la práctica. Sin embargo, al hacer este cambio constitucional, se formalizaría lo que ya ocurre, lo que ha generado preocupación en sectores que defienden los derechos humanos y advierten sobre la militarización de la seguridad pública.
Por otro lado, la reforma plantea que la Guardia Nacional tendrá la facultad de realizar investigaciones de delitos bajo la supervisión del Ministerio Público. Esto ha sido criticado por Amnistía Internacional, ya que va en contra del derecho internacional que desaconseja la participación de fuerzas militares en tareas de seguridad pública.
Además de estos cambios, la reforma también modifica el artículo 13 de la Constitución para que los integrantes de la Guardia Nacional sean juzgados exclusivamente por tribunales militares en caso de irregularidades o delitos. Esto, según organizaciones civiles como Intersecta y Data Cívica, puede dificultar la transparencia y la rendición de cuentas, además de generar problemas en la impartición de justicia.
Otro de los puntos más polémicos es la modificación del artículo 129 de la Constitución, que desde 1917 establece que en tiempos de paz, las autoridades militares no pueden ejercer funciones más allá de las estrictamente relacionadas con la disciplina militar. La nueva propuesta permitiría a los militares involucrarse en tareas de seguridad pública y otras funciones que la Constitución o las leyes derivadas autoricen, lo que podría ampliar el rol de las Fuerzas Armadas en la vida cotidiana del país.
En la misma línea, las reformas a los artículos 73 y 89 de la Constitución le darían al Congreso de la Unión la facultad de regular y establecer límites para la participación del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en tareas de seguridad pública, algo que hasta ahora se ha manejado mediante artículos transitorios.
El gobierno ha defendido estos cambios argumentando que la formación y profesionalismo de los elementos militares es clave para garantizar la seguridad pública y la eficiencia de la Guardia Nacional. No obstante, críticos de la reforma señalan que se corre el riesgo de perpetuar la militarización del país, un proceso que, según algunos, se ha acelerado durante la administración de López Obrador.
La reforma ha sido ya aprobada en las comisiones del Senado, y está por ser discutida en el pleno. Para que los cambios sean ratificados, es necesario el voto de dos terceras partes de los senadores presentes. Un voto en particular, el del ex panista Miguel Ángel Yunes Márquez, podría ser crucial, pues su apoyo fue clave en la reciente aprobación de la reforma judicial.
