El RADAR
Por Jesús Aguilar
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este 25 de febrero su iniciativa de reforma electoral. No es un anuncio menor ni una reforma administrativa. Es, en términos estructurales, un rediseño del equilibrio político-electoral que operará rumbo a 2027.
La lámina leída por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sintetiza 10 puntos que combinan reducción de costos, modificación del sistema de representación proporcional, nuevas reglas frente a la desinformación digital y ajustes institucionales al Instituto Nacional Electoral (INE).
Pero el dilema no es técnico. Es político.
La narrativa oficial sostiene tres ejes:
1. Abaratar la democracia.
2. Hacer que los legisladores “emanen directamente del voto”.
3. Modernizar la regulación ante IA y fake news.
Hasta ahí, el argumento es defendible. México tiene uno de los sistemas electorales más costosos del mundo. Y el debate sobre plurinominales no es nuevo.
El problema está en el efecto acumulado.
Reducir 25% el financiamiento público a partidos puede sonar popular, pero impacta de manera desigual. Los partidos grandes tienen estructura territorial, financiamiento privado indirecto y presencia mediática consolidada. Los partidos medianos y pequeños dependen mucho más del financiamiento público. El recorte, por definición, reconfigura el tablero.
La modificación de las listas cerradas para diputaciones plurinominales —migrando hacia esquemas de “mejores perdedores” o listas regionales abiertas— cambia la lógica de representación proporcional. En teoría, fortalece el vínculo con el electorado. En la práctica, puede favorecer a quien ya domina distritos y tiene mayor maquinaria territorial.
El punto más delicado es el institucional: ajustes al INE bajo el argumento de eficiencia. Cada vez que se habla de “simplificación” o “racionalización”, la pregunta obligada es si se trata de adelgazar burocracia o de reducir autonomía técnica.
Y hay otro elemento novedoso: la regulación de inteligencia artificial, bots y desinformación. Ahí la reforma introduce un debate contemporáneo real. Pero también abre la puerta a definir quién clasifica contenido como manipulación o propaganda automatizada. Ese es un terreno fino: combatir la mentira sin erosionar libertad.
Lo políticamente relevante es que la reforma nace sin consenso pleno dentro de la propia coalición oficialista. PT y PVEM han mostrado reservas. Y la oposición ya anticipa voto en contra en varios ejes. Sin mayoría calificada asegurada, la negociación será inevitable.
La pregunta de fondo no es si México necesita actualizar su sistema electoral. Lo necesita. La pregunta es si esta reforma equilibra competencia o la reorganiza.
En 2026 no se está discutiendo solo financiamiento ni plurinominales. Se está discutiendo el modelo de representación con el que México llegará a 2027 y 2030.
Cuando se reforman reglas electorales, no se modifica el presente: se condiciona el futuro.
Ahí está el verdadero punto de observación.
Reforma Electoral 2026
Aquí los 10 puntos clave presentados en la mañanera
1️⃣ Reducción del financiamiento público a partidos
Recorte aproximado del 25% a prerrogativas ordinarias.
2️⃣ Disminución del costo total de las elecciones
Ajustes operativos y administrativos para abaratar procesos.
3️⃣ Nuevo modelo de plurinominales
Eliminación de listas cerradas tradicionales.
Asignación vía listas regionales abiertas o “mejores perdedores”.
4️⃣ Participación de mexicanos en el extranjero
Facilitación del voto y posible representación específica.
5️⃣ Regulación de IA y bots en campañas
Etiquetado obligatorio de contenidos generados con IA.
Medidas contra desinformación automatizada.
6️⃣ Ajustes al Senado
Revisión del número y modalidad de escaños de representación proporcional.
7️⃣ Reorganización del INE
Racionalización de juntas y estructura administrativa.
8️⃣ Fiscalización más estricta
Supervisión más ágil y continua del gasto de campaña.
9️⃣ Democracia participativa concurrente
Consultas coincidentes con elecciones para reducir costos.
🔟 Garantía de representación y pluralidad
Declaración formal de protección a minorías y equilibrio territorial.
