El Congreso del Estado aprobó el 7 de marzo una reforma a la Ley de Transporte Público que permitirá a personas con antecedentes penales ofrecer servicios de transporte público, siempre y cuando cuenten con los permisos de conducción necesarios. La iniciativa, presentada en octubre de 2022 por las bancadas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), busca abordar la escasez de conductores en las líneas de transporte público en la Zona Metropolitana, que enfrentan un déficit del 40 por ciento de operadores.
Los legisladores argumentan que la reinserción social en México ha sido limitada, ya que el 60 por ciento de quienes han cumplido condenas reinciden en actividades delictivas debido a la falta de oportunidades laborales y a los estigmas asociados con antecedentes penales. Además, citan una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de enero de 2021 que considera inconstitucional requerir cartas de antecedentes no penales para ciertos trabajos, a menos que la ley lo exija explícitamente.
Con el objetivo de evitar la discriminación y brindar oportunidades a quienes buscan reintegrarse a la sociedad, la reforma elimina el requisito de presentar una carta de no antecedentes penales al solicitar el permiso para prestar servicios de transporte público, retirándolo del artículo 51 de la Ley. Además, se derogó la necesidad de acreditar la escolaridad mínima de secundaria, estableciendo únicamente la obligación de demostrar los permisos de conducción requeridos, así como someterse a pruebas de manejo, exámenes médicos, toxicológicos y de capacidad visual.
