Enrique Peña Nieto pretende dar al otorgamiento de crédito, particularmente a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MiPyME), sino también al combate del lavado de dinero.
En el primer caso, ayer –finalmente y pasada la tormenta por el Robles affaire–, Luis Videgaray Caso pudo presentar oficialmente la propuesta que, como se esperaba, tiene como prioridad dotar de más financiamiento bancario a la MiPyME, que actualmente genera 74% del empleo en México pero que, sin embargo, sólo tienen 15% de acceso a los recursos de las instituciones de crédito.
Para lograr este objetivo, la banca de desarrollo redefinirá mandatos y será el impulsor de esta tarea, sin dejar de lado que los bancos privados serán obligados a una competencia más intensa, pues actualmente cinco instituciones concentran 74% del otorgamiento de créditos, lo que cual limita el acceso y la cobertura. Esas instituciones son BBVA, Banamex, Banorte-Ixe, Santander y HSBC.
Hasta ahí, todo lo dicho por Videgaray Caso, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), suena fantástico, pues el objetivo es que en México se preste más y más barato, sin que esto signifique que las tasas de interés se reducirán por decreto.
Sin embargo, nos preguntamos dónde quedó el ofrecimiento que, de acuerdo con diversos documentos filtrados a la prensa, se hizo para enfrentar de lleno el lavado de dinero en el sistema financiero mexicano.
Si bien la Reforma Financiera plantea que para lograr la expansión del crédito y la inclusión financiera se requieren de autoridades con facultades de supervisión y de sanción adecuadas, y se busca fortalecer los mecanismos contra lavado de dinero, es uno de los puntos menos acabados en la propuesta realizada por el gabinete económico de Peña Nieto y los partidos que participan en el Pacto por México.
Sí, dicen que con esta reforma se fortalecerá la legislación para llevar a cabo de mejor forma el combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, pero no hay una descripción puntual de cómo y a través de qué mecanismos se atajará el problema, que es además la principal vía de financiamiento del crimen organizado, en cualquiera de sus modalidades.
En México ya hay una Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley contra el Lavado de Dinero), pero ha servido de poco para frenar esas operaciones que, incluso, se hacen a través de instituciones oficiales, sean públicas o privadas.
Un caso de las facilidades que otorga actualmente el sistema financiero mexicano es el de HSBC, banco al que se le acusó de ser responsable de las fallas en su sistema de vigilancia para detectar operaciones de lavado de dinero en el país, por lo que en Estados Unidos se le impuso una multa de 1.9 mil millones de dólares, mientras que en México la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) lo sancionó con 27.5 millones de dólares.
Desde entonces, el banco británico perdió su aureola en México y a nivel internacional pero, ¿quién dice que otras instituciones de crédito no están haciendo lo mismo en estos momentos?
El sociólogo Manuel Castells Oliván considera el “blanqueo de dinero” como la “madre de todos los delitos”, pues afirma que en él se encuentra interconectado el mundo de las armas, la tecnología, los materiales radioactivos, las obras de arte, los seres y órganos humanos, los asesinos de alquiler y el contrabando de cualquier artículo rentable.
Durante el sexenio del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, los opositores a la guerra contra el crimen organizado, que desató desde los primeros días de su gobierno en 2006, advirtieron que mientras no se atacara seriamente el lavado de dinero ningún esfuerzo daría resultado y todo quedaría reducido a lo que se redujo: una tragedia humanitaria con miles y miles de muertos, desaparecidos y desplazados y, además, la aparición de nuevos grupos criminales por todo el país.
La Reforma Financiera de Peña Nieto, Videgaray, PAN, PRD y PRI tampoco vislumbra un ataque frontal a esa actividad delictiva. Esto decepciona, pues el capital derivado del lavado de dinero, que ya ha invadido a la economía real, no beneficia el desarrollo: en México ha provocado que se pierda la calidad y credibilidad económica, y ha generado mayor inseguridad en las regiones donde es una actividad de todos los días.
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