Estela Ambriz Delgado
En relación a la posibilidad de que en el ejido Corcovada pudiera darse algún tipo de extractivismo, dadas las concesiones mineras que se encuentran en su territorio, el activista Carlos Covarrubias Rendón, integrante del Frente Amplio Opositor a Minera San Xavier (FAO), señaló que para frenar algunas autorizaciones a mega proyectos como este y el realizado en Cerro de San Pedro, es necesario modificar la Constitución y diversas normativas en materia de tenencia de la tierra y minería.
Desde la experiencia que tuvo en el movimiento de defensa de Cerro de San Pedro, el ambientalista consideró la posibilidad de que, junto con otras reformas que el Gobierno Federal ha anunciado en estos temas, se pueda modificar el concepto de ocupación temporal, dado que este fue el argumento con el que se revirtieron las suspensiones que se habían logrado en diversas autorizaciones otorgadas a MSX.
Covarrubias Rendón explicó que las concesiones mineras no pueden ser anuladas por una cuestión de carácter legal, pues tienen una vigencia determinada y no puede haber una aplicación retroactiva de la ley, independientemente de que el Gobierno Federal haya anunciado una serie de cambios en las reglas.
Además, al litigar el tema contra la MSX, advirtieron que las concesiones mineras eran principios de orden público y por lo tanto no eran impugnables por la vía agraria ni por la vía del amparo, sino en materia administrativa para el tema del concepto de ocupación temporal.
Este se refiere a la autorización que otorga el Estado a un particular o empresa para utilizar temporalmente un terreno para actividades como la explotación de recursos naturales, que en el ámbito agrario y minero se encuentra regulado por la Ley Agraria y la Ley Minera, así como sus correspondientes reglamentos.
El activista puntualizó que dichos ordenamientos dan a la ocupación de tierras para un proceso minero, el carácter de interés y orden público, en la que inclusive no proceden las suspensiones ni otros mecanismos de defensa, porque hay una situación superior.
Por lo cual indicó que para modificar ese concepto, que va ligado a la privatización de tierras ejidales, el FAO junto con Guardianes de la Sierra, ha planteado la modificación de la Ley Agraria y la Constitución Política, para quitarle la facultad a la asamblea de dar el dominio pleno; en el caso de la minería, podrían modificarse las leyes y reglamentos correspondientes para que previo a una autorización de ocupación temporal tuviera que haber una autorización de carácter ambiental, con el fin de imposibilitar algunos procesos para llevar a cabo la explotación.
En el caso del ejido Corcovada, si bien no se ha confirmado aún que se vaya a realizar un proyecto minero, lo cierto es que dentro de su territorio hay dos concesiones mineras: una en el lote “La Joyita” con una superficie de 210.9 hectáreas, expedida el 10 de diciembre de 2013 con una vigencia hasta el 9 de diciembre de 2063; y la segunda con una superficie de 204 hectáreas en el lote “La Joyita de Dolores”, expedida el 15 de diciembre de 1998 vigente hasta el 14 de diciembre de 2048. Esta temporalidad de 38 y 23 años respectivamente deja un amplio margen de tiempo para la posibilidad de ser explotadas, por lo que una reforma como la planteada por el activista podría ser de gran trascendencia.
