Un paquete fiscal que busca ser agresivo y recaudatorio será presentado hoy al Congreso de la Unión junto con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026. Fiscalistas anticipan que traerá intensos cabildeos y hasta impugnaciones legales, pues varias de sus disposiciones afectarían directamente a empresas e instituciones financieras.
De acuerdo con lo adelantado por la presidenta Claudia Sheinbaum y la consejera jurídica Ernestina Godoy a legisladores de Morena, los cambios se enfocarán en combatir la evasión, frenar la corrupción en aduanas y proteger la salud de los menores de edad. La promesa presidencial se mantiene: no habrá nuevos impuestos ni aumentos generales, aunque sí modificaciones profundas en la aplicación de los actuales.
Uno de los sectores más señalados será el de las refresqueras. El integrante de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Jesús Rodríguez Ambriz, prevé que el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) se ajuste con un esquema progresivo. Esto implicaría cuotas más altas dependiendo de la concentración de azúcar: a mayor cantidad de gramos, mayor el impuesto. Incluso, se analiza elevar de manera significativa la cuota, entre 2 y 3 pesos por litro, lo que impactaría directamente en el precio final.
Además, podrían aplicarse restricciones indirectas como la eliminación de deducibilidad en publicidad dirigida a niños, así como sanciones más severas para quienes incumplan el etiquetado frontal nutrimental. También se mencionan controles más estrictos a la importación de jarabe de maíz de alta fructosa, un insumo clave para estas bebidas, lo que encarecería la producción y reduciría la dependencia de importaciones.
En materia de IVA, especialistas no descartan que se eliminen exenciones en productos fronterizos y se endurezcan los criterios de acreditamiento en la cadena de suministro. Estas medidas, junto con el aumento del IEPS, podrían reducir el consumo de refrescos de 20 mil a 19 mil millones de litros, lo que significaría una baja de 3.25%. Sin embargo, la recaudación subiría de 27 mil 800 millones a 38 mil 700 millones de pesos, es decir, un incremento del 39%.
El integrante del Colegio de Contadores Públicos de México, Guillermo Mendieta, recordó que el IEPS es un gravamen que busca desalentar hábitos dañinos. “Todo lo que engorda y hace daño es lo que causa el IEPS”, señaló. En el caso de bebidas azucaradas, explicó, actualmente ronda un peso por litro y su intención principal es persuadir a la población, sobre todo a los menores, para reducir su consumo.
En paralelo, algunos especialistas advierten que podrían generarse litigios si se elimina la deducción que hacen los bancos por aportaciones al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). Esto sumaría presión a las instituciones financieras, que serían de las más afectadas por el nuevo paquete.
Por otro lado, el tema ambiental también tendrá un espacio dentro de la propuesta con la inclusión del llamado “presupuesto verde”. Este esquema busca integrar criterios climáticos y ecológicos en el diseño de impuestos y gasto público. Según la OCDE, México tiene actualmente una calificación de 0.43 puntos en este rubro, por debajo del promedio de los países miembros que es de 0.49. El Reino Unido encabeza la lista con 0.80, mientras que Suiza aparece con el puntaje más bajo, 0.20.
Con este enfoque integral, las autoridades mexicanas pretenden reforzar la transparencia en el gasto público, involucrar a la sociedad civil y garantizar que las decisiones económicas también tomen en cuenta el impacto climático.
