A partir del primero de septiembre, comenzó una prueba piloto para el registro obligatorio de usuarios de telefonía móvil en México, que se extenderá hasta octubre. En este ejercicio participan la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y las operadoras Telcel, Movistar, AT&T, Bait y Altán. El objetivo principal de este programa es mejorar los procesos de registro y contribuir a la prevención de extorsiones, fraudes y otros delitos cometidos a través de celulares.
El trámite puede realizarse en los centros de atención de las compañías participantes, donde los usuarios deberán presentar una identificación oficial que incluya la Clave Única de Registro de Población (CURP). Esto permitirá vincular la información personal con la línea contratada. La ATDT indicó que para octubre, el registro de todas las nuevas líneas será obligatorio en todos los puntos de venta.
En cuanto a los usuarios que ya cuentan con líneas activas, la ATDT informó que habrá un periodo específico para su registro, aunque aún no se ha definido la fecha de inicio. Las empresas deberán habilitar mecanismos remotos para facilitar la inscripción de estas líneas existentes.
Respecto a la protección de datos, las compañías telefónicas estarán obligadas a resguardar la información proporcionada conforme a la Ley General para la Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El Gobierno de México no tendrá acceso a estos datos; su custodia será responsabilidad de cada empresa.
La creación de este registro se da como parte de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum y publicada en el Diario Oficial de la Federación en julio de 2025. La medida ha generado críticas de la oposición y de defensores de los derechos digitales, quienes la califican como una “ley espía” que podría facilitar el espionaje de usuarios.
Sin embargo, los legisladores defendieron la iniciativa, argumentando que el registro permitirá a las autoridades de seguridad consultar información en casos de delitos graves como extorsión y secuestro, garantizando, al mismo tiempo, la protección de los derechos humanos y la privacidad de los ciudadanos.
La ATDT enfatizó que la medida es un esfuerzo por reforzar la seguridad pública y reducir los riesgos asociados con el uso de teléfonos celulares, buscando equilibrar la prevención del delito con el respeto a la privacidad de los usuarios.
