Regula Congreso la donación y trasplantes de órganos

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Para el diputado presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, Federico Ángel Badillo Anguiano, la promulgación de la Ley de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Componentes, es una protección real y eficiente para la salud de los potosinos.

Señaló que tal norma establece la importancia de la intervención del Estado en dichos procesos, pues es el único facultado para establecer el conjunto de regulaciones legales que controlen, vigilen, promuevan y difundan la importancia que se tiene en materia de donación y trasplante de órganos. Dijo que la ley dota de autonomía de acción y presupuestal, con todas las implicaciones que esto conlleva, al Centro Estatal de Trasplantes, como principal órgano de vigilancia en materia de disposición de órganos, tejidos y componentes, mencionó.
Asentó que “esta nueva Ley amplía los mecanismos para otorgar el consentimiento para la donación, tanto por el disponente originario, como por el que recibe, además que estipula el procedimiento que se realiza ante notario público, mediante el formato oficial o, en casos de muerte, con causa legal ante el Agente del Ministerio Público, lo cual permitirá dar certeza al acto legal que sustente la intervención quirúrgica para implantarlo, o traspasar el órgano.
También dijo que se adiciona el orden de prelación para el efecto de autorización de disposición, mismo que permitirá evitar conflictos para la determinación del mismo, con apego a la legislación sustantiva civil.
En cuanto al Centro Estatal de Trasplantes, informó que se le efectúa una reingeniería institucional, pues se le otorgan facultades de vigilancia y control de las donaciones y trasplantes de órganos, tejidos y componentes de seres humanos, con fines terapéuticos.
Además, la presente legislación establece que el diagnóstico de muerte encefálica puede ser expedido de forma indistinta por un médico neurólogo, un intensivista, o un internista, en tanto en la normatividad que se abroga, debía certificarse por un médico neurólogo y un médico internista de manera conjunta, cuestión que no facilitaba un trámite expedito.

Fuente: La Razón

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