La operación de ladrilleras en San Luis Potosí sigue siendo un problema ambiental que impacta a las comunidades cercanas, generando preocupación entre la ciudadanía.
Ante esta situación, la titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM), Sonia Mendoza Díaz, destacó que la regulación de estos negocios no solo depende de la dependencia estatal, sino que también es responsabilidad de los municipios.
“Nosotros podemos clausurar o suspender actividades cuando se detecta contaminación ambiental, pero las presidencias municipales son quienes autorizan el uso de suelo. Si siguen otorgando permisos, el problema no se erradicará”, explicó.
Mendoza Díaz hizo un llamado a las autoridades locales para que actúen y cierren aquellos establecimientos que operan sin los permisos correspondientes.
Si bien la SEGAM no tiene un registro exacto de la cantidad de ladrilleras activas en el estado, la funcionaria reconoció que reciben numerosas denuncias ciudadanas al respecto.
“La gente nos exige soluciones, pero este es un trabajo conjunto en el que los municipios deben asumir su responsabilidad”, concluyó.
