Por Jesús Aguilar
La discusión no es si debe existir o no una regulación frente a la inteligencia artificial.
Claro que debe existir.
La pregunta real es otra: quién regula, cómo regula, a quién protege y contra quién se usa esa regulación cuando llega al terreno del poder.
Después de entrevistar ayer a Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica, nos queda una confirmación importante: oponerse a la llamada Ley Serrano en su versión penal no significa defender la impunidad digital. Mucho menos significa cerrar los ojos ante las guerras sucias que desde hace años contaminan la conversación pública en San Luis Potosí.
Al contrario.
Precisamente porque conocemos ese lodazal, porque lo hemos visto operar, porque sabemos que existen fan pages sin rostro, portales sin firma, campañas pagadas, contenidos anónimos, montajes, difamación y ahora también imágenes, audios y videos generados con inteligencia artificial, es que la regulación resulta necesaria.
Pero regular no es encarcelar.
Y ahí está el punto.
Maldonado lo dijo con claridad: el primer problema es preguntarse “si el derecho penal es la mejor solución cuando implica pena corporal”. Y remató: “el derecho penal no es la salida”; en todo caso, pueden existir otros ámbitos del derecho para generar responsabilidades por abusos en el ejercicio de la expresión.
Esa frase confirma exactamente la postura que hemos sostenido aquí.
No a la cárcel para comunicadores.
No a la prisión preventiva como respuesta al exceso verbal, al contenido incómodo o a la crítica política.
No a convertir el Código Penal en una herramienta para administrar el miedo.
Pero sí a una discusión seria sobre responsabilidad.
Sí a sanciones proporcionales.
Sí a mecanismos civiles, administrativos, electorales, patrimoniales y de transparencia que permitan saber quién paga, quién produce, quién difunde y quién se beneficia de una guerra sucia.
Porque tampoco podemos fingir que todo es libertad de expresión.
Una cosa es la crítica dura.
Otra cosa es una campaña anónima financiada para destruir reputaciones con mentiras.
Una cosa es el periodismo incómodo.
Otra cosa es una operación digital fabricada desde oficinas públicas, privadas o partidistas.
Una cosa es la sátira.
Otra cosa es montar contenidos falsos para dañar deliberadamente a una persona.
Y ahí el Estado sí debe actuar, pero nunca desde sus filias y fobias.
Nunca como carcelero de la conversación pública.
Debe actuar como garante de derechos, no como censor con placa.
La propia entrevista ayuda a distinguir los niveles del problema. Maldonado recordó que no es lo mismo hablar de un ciudadano común que hablar de un funcionario público o una persona con proyección pública. Estos últimos, conforme a los estándares constitucionales e interamericanos, deben soportar una crítica más intensa, incluso “mordaz”, “sarcástica” y, en ciertos casos, con “cierto dejo de ofensa”.
Eso es fundamental.
El poder no puede exigir trato de cristal.
Quien gobierna, decide presupuesto, firma contratos, ordena políticas públicas o administra instituciones debe tolerar más escrutinio que cualquier ciudadano.
Pero esa protección reforzada de la crítica política tampoco debe convertirse en patente de corso para la fabricación profesional de mentiras.
Ahí está el equilibrio.
Y ese equilibrio no se construye “legislando sobre las rodillas”, como también dijo Maldonado al explicar que la CNDH ya interpuso una acción de inconstitucionalidad contra estas reformas y que será la Suprema Corte la que determine la validez de esos artículos.
San Luis Potosí tiene hoy una oportunidad.
Puede insistir en la ruta fácil: castigo penal, prisión preventiva, persecución selectiva y una autoridad decidiendo qué contenido le parece peligroso.
O puede abrir una discusión adulta: derechos digitales, transparencia, financiamiento de páginas, responsabilidad de operadores, reparación del daño, sanciones no corporales, alfabetización informacional y límites claros para entidades públicas y privadas que alienten campañas negras.
Porque aquí también hay que decirlo sin rodeos:
Si una dependencia pública financia guerra sucia, debe ser sancionada.
Si una empresa privada paga campañas anónimas para destruir adversarios, debe responder.
Si un partido, funcionario, asesor o grupo económico usa inteligencia artificial para fabricar daño político o personal, debe enfrentar consecuencias.
Pero esas consecuencias no pueden ser una cárcel abierta discrecionalmente por el gobierno de turno.
Deben ser reglas claras.
Pruebas.
Procedimientos.
Transparencia.
Responsabilidad.
Y límites al poder.
Maldonado planteó además una salida menos espectacular, pero quizá más profunda: alfabetización informacional. Audiencias capaces de no irse “de boca con los primeros contenidos”, de distinguir “la realidad de la fantasía” y de preguntarse cuáles son los intereses detrás de lo que reciben.
Eso no sustituye la regulación.
La complementa.
Porque ninguna ley podrá limpiar por sí sola un ecosistema podrido si la audiencia sigue compartiendo basura creyendo que comparte verdad.
La batalla no es contra la inteligencia artificial.
La batalla es contra la impunidad de quienes la usan para mentir, destruir o manipular.
Pero también contra la tentación de quienes quieren usar ese pretexto para castigar voces incómodas.
San Luis no necesita una ley para encarcelar comunicadores.
Necesita una ley para exhibir y sancionar a quienes financian la mentira.
Porque regular la guerra sucia es urgente.
Pero meter la crítica a prisión siempre es imperdonable.
