El Gobierno de Reino Unido analiza introducir este año una prohibición del uso de redes sociales para menores de 16 años, siguiendo el precedente de Australia. La iniciativa forma parte de la estrategia del primer ministro Keir Starmer para acelerar la respuesta institucional ante los riesgos digitales que afectan a niños y adolescentes.
El Ejecutivo británico inició el mes pasado una consulta pública sobre la restricción. Una vez concluido el proceso, prevé introducir cambios legislativos como enmienda a la Online Safety Act 2023. La ley vigente no cubre interacciones individuales con chatbots de inteligencia artificial si no implican compartir contenido con otros usuarios, lo que constituye una laguna normativa.
La ministra de Tecnología, Liz Kendall, confirmó que el Gobierno presentará propuestas antes de junio para cerrar ese vacío legal. Subrayó la preocupación oficial por el impacto de los sistemas de IA conversacional en menores, especialmente cuando se generan dinámicas de interacción personal no diseñadas con estándares sólidos de protección infantil.
El debate se intensificó tras revelarse que Grok, el chatbot de xAI impulsado por Elon Musk, generaba imágenes sexualizadas no consentidas, lo que encendió alarmas regulatorias. Países como España, Grecia y Eslovenia estudian prohibiciones similares tras la decisión australiana.
El Gobierno británico también evalúa introducir órdenes automáticas de conservación de datos cuando fallece un menor, para facilitar a los investigadores el acceso a pruebas digitales. La consulta contempla facultades para limitar el emparejamiento con desconocidos en consolas de videojuegos y bloquear el envío de imágenes de desnudos entre menores. Las empresas tecnológicas serían responsables de garantizar el cumplimiento de la legislación.
Las medidas han generado tensiones internacionales, especialmente con Estados Unidos, por su posible impacto en la libertad de expresión y la privacidad. Algunas plataformas de pornografía ya han optado por bloquear el acceso desde Reino Unido antes que implementar sistemas de verificación de edad.
Expertos en protección infantil respaldan en su mayoría la prohibición, aunque algunos advierten que podría desplazar actividades perjudiciales hacia espacios menos regulados. El Gobierno aún debe definir jurídicamente qué se considera exactamente una red social, un paso clave para la viabilidad de la medida.
El resultado de la consulta pública y la reforma legislativa prevista antes de junio marcarán un precedente para Europa y podrían redefinir el estándar internacional en materia de gobernanza tecnológica y protección de menores en la era de la inteligencia artificial.
