Durante 2025, más de 15 mil niñas, niños y adolescentes migrantes ingresaron a México, de acuerdo con cifras oficiales de la Unidad de Política Migratoria. Del total, al menos 970 viajaban sin compañía de un adulto.
Muchos de estos menores dejan sus países buscando mejores oportunidades, generalmente por decisión de sus familias, con Estados Unidos como principal destino. Sin embargo, en el trayecto suelen enfrentar riesgos como discriminación, exclusión, explotación, trata de personas y distintos tipos de violencia.
La Red por los Derechos de la Infancia en México presentó un informe regional sobre la situación de menores en movilidad humana en México, Guatemala, Honduras y El Salvador. En el documento se reconoce que existen leyes, programas y protocolos enfocados en proteger a la niñez migrante.
En México destacan mecanismos como el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y rutas de atención integral para menores en situación migratoria. Además, participan instituciones como el DIF, Sipinna, el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.
No obstante, el reporte advierte debilidades importantes, ya que no se puede confirmar si las evaluaciones oficiales realmente funcionan ni si se toma en cuenta la opinión de los propios menores al momento de diseñar medidas de protección.
También se señaló que gran parte de los registros se enfocan en control fronterizo y seguridad, dejando de lado datos clave como salud, entorno familiar o necesidades específicas, lo que complica la creación de mejores políticas públicas.
Entre las recomendaciones se propone fortalecer a Sipinna, mejorar la coordinación con países de origen, asignar mayores recursos y dar seguimiento real a la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes.
