La Procuraduría de Justicia de Baja California pidió a un juez girar orden de aprehensión en contra de José Miguel Olea Castro, residente en Construcción de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por presuntamente secuestrar y extorsionar a un contratista que se hartó de pagar “mordidas”.
Mediante la averiguación previa 193/12/907/AP consignada ante el Juez Primero Penal de Rosarito, Donaciano Ramón Ruiz, la PGJE pidió detener al residente de Rosarito II y a Héctor David Lozano Lara, jefe del Departamento de Obra, por secuestro y extorsión, informaron fuentes allegadas al caso.
Martín Pablo Gutiérrez Serrano, dueño de Materiales y Proyectos de la Costa Oeste, denunció el pasado 26 de enero a los funcionarios, porque dijo que desde el 2010 le exigieron extorsiones por más de 700 mil pesos, en una obra con costo inicial de 2.8 millones.
La queja le provocó amenazas de muerte y actos de intimidación, como las coronas de flores que el 3 de marzo pasado le dejaron en la puerta de su casa en Tijuana, por lo que huyó del País con su familia y puso a la venta su residencia.
Todo empezó el 2 de agosto de 2010, cuando Gutiérrez ganó la licitación LIC-UINV3-003/LO para construir en el ejido Gustavo Díaz Ordaz, Municipio de Mulegé, Baja California Sur, un centro comunitario ecológico con áreas deportivas.
El 11 de agosto, al recibir el primer anticipo de 786 mil 154 pesos, Olea Castro pidió a Gutiérrez 100 mil pesos en efectivo, pues los consideraba un contratista “de casa”.
Detalla la acusación que el 31 de agosto de 2010, en una reunión en las oficinas de la CFE en Rosarito, Olea Castro pidió al contratista otros 100 mil pesos.
De acuerdo con la declaración de Gutiérrez, el residente de la CFE le comentó que el dinero que le pidió la primera vez no era para él sino “para una obra de beneficencia en un asilo de ancianos”.
Los otros 100 mil, le dijo Olea, eran para Benjamín Granados Domínguez, entonces subdirector de Proyectos y Construcción de la CFE, y Ramón Antonio Fernández Velázquez, coordinador de Proyectos Termoeléctricos.
Relata el empresario que el 9 de septiembre de 2010, su encargado de obra en Mulegé, Óscar Sánchez, le informó por teléfono que estaba rodeado por un grupo de sujetos encabezados por Manuel Zúñiga, representante del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana en La Paz, BCS.
Le pidieron 75 mil pesos para no clausurar la obra, pero Sánchez sólo tenía 5 mil pesos. Según la denuncia, Martín Pablo Gutiérrez, quien estaba en Tijuana, recibió enseguida una llamada de Manuel Zúñiga desde su celular 6131110474.
“Mira, a tus chalanes (Óscar Sánchez y Saúl Ramírez Muñoz) no los vamos a soltar hasta que aflojes los 70 mil restantes”, le dijo.
El contratista depositó los 70 mil pesos a su encargado de obra, quien quedó libre al entregar el dinero.
Cuando Gutiérrez se entrevistó a Olea, éste le ofreció “inventar un concepto extra en el contrato” para reponerle el dinero de la extorsión, siempre y cuando echara al encargado de la obra y nombrara en su lugar a su amigo José Noel Aguilar.
El empresario relevó a Óscar Sánchez por Aguilar, pero la promesa del agregado al contrato nunca se cumplió y las extorsiones tampoco terminaron.
La indagatoria señala que quienes le empezaron a pedir dinero eran Jesús Iván Rodríguez López y Luis Humberto Álvarez García, residentes de la CFE en Guerrero Negro III, responsables de liberar los depósitos o estimaciones de la obra.
El proyecto incluía estimaciones durante 14 semanas y dichos funcionarios pedían 5 mil pesos por semana, es decir, se llevarían alrededor de 70 mil pesos como “contribución” por liberar los depósitos.
Cuando Gutiérrez se resistió, le subieron el precio, le retuvieron pagos y retrasaron la obra.
Pero el contratista se dobló y el 4 de octubre de 2010 entregó 90 mil pesos a Rodríguez y Álvarez; el 18 del mismo mes, 80 mil; el 29 otros 100 mil, y a principios de noviembre Olea le pidió 80 mil para acelerar las estimaciones restantes.
En diciembre del mismo año, Olea le pidió 75 mil pesos adicionales para pagarle la estimación 7 y, finalmente, el 13 de diciembre Gutiérrez entregó otros 40 mil pesos a Ema Luz Pereira Armenta, para la posada y los regalos de las fiestas navideñas de las oficinas de la CFE en Rosarito.
Olea Castro dijo al empresario que sería la última extorsión que pagaría.
Plagio express
Después de que decidió no entregar un peso más, el 23 de diciembre de 2010 Gutiérrez fue a ver a Olea a su oficina en Rosarito para que le liberaran una estimación.
El residente le exhibió un correo donde Álvarez sugería no pagarle porque –decía el email- “huiría con el dinero” y, además, no había liquidado a un proveedor, de nombre Maxco, unos juegos para el centro comunitario.
Afirma el contratista que en esa reunión fue plagiado. Según su dicho, Olea le depositó vía electrónica la estimación, pero ordenó a Lozano Lara, jefe del Departamento de Obra, no dejarlo salir de las oficinas hasta que hiciera la transferencia a Maxco.
Como no lograron hacer el pago por internet, Gutiérrez fue llevado a la fuerza a la sucursal 4649 de Bancomer, Rosarito Villafloresta, para realizar la transacción.
Al ver el comportamiento sospechoso de Lozano y el empresario, el ejecutivo de Bancomer bloqueó la cuenta y evitó la transferencia, por lo que Lozano obligó al retenido a pagar con un cheque.
Casi una hora después de salir de la sucursal bancaria, un ayudante de Gutiérrez, Antonio Rodas, regresó de Tijuana con su chequera y el empresario hizo el pago al proveedor Maxco en la sucursal 4359 de Banamex, Plaza Giramar de Rosarito.
“Héctor David Lozano le habló a Olea, le dijo que ya quedó el pago y el ingeniero José Miguel Olea le dio órdenes para que ya me dejara libre”, declaró el denunciante.
Para acreditar las extorsiones fueron agregados videos, documentos bancarios y testimonios.
