Informes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) revelaron que Hernán Bermúdez Requena, líder del grupo criminal La Barredora y ex secretario de Seguridad de Tabasco, ordenaba asesinar, desaparecer y torturar a criminales, trasladando sus cuerpos a otros estados para reducir la estadística de homicidios en la entidad.
Durante su gestión como secretario de Seguridad, entre diciembre de 2019 y enero de 2024, Tabasco registró una disminución en carpetas de investigación por homicidio. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2019 se iniciaron 565 carpetas, cifra que bajó a 234 en 2023. Sin embargo, para 2024, después de su salida, el número se disparó a 707, un incremento del 200%.
De acuerdo con documentos clasificados, el modus operandi conocido como “sembrando vidas” consistía en ejecutar asesinatos en Chiapas en vez de Tabasco. Así se buscaba ocultar los crímenes cometidos por La Barredora en territorio tabasqueño. Un informe del grupo de hackers Guacamaya Leaks cita comunicaciones intervenidas a Juan José de la Cruz Sánchez, alias JJ, señalado como principal generador de violencia para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tabasco. JJ explicó que en Tabasco “el cártel es de Requena” y que existía una orden expresa de trasladar los cuerpos a Chiapas.
Juan José de la Cruz Sánchez fue designado jefe regional del CJNG en Tabasco para controlar municipios como Macuspana, Jalapa, Tacotalpa y Teapa. Los documentos también detallan un secuestro masivo ocurrido el 4 de octubre de 2021, cuando JJ ordenó capturar a 30 integrantes de La Línea, grupo rival de La Barredora. Entre ellos, siete fueron liberados tras sufrir torturas extremas, incluyendo mutilaciones, como una forma de intimidación y control. El informe indica que muchos de los liberados quedaron bajo amenaza de muerte si no trabajaban para La Barredora.
La estrategia de Bermúdez Requena buscaba consolidar el control criminal en Tabasco, pero también evidenció una red de corrupción entre autoridades estatales y el CJNG. El informe de Sedena asegura que las autoridades del estado facilitaron que JJ operara con total impunidad, lo que dificultaría acciones legales contra él. Asimismo, advierte que una intervención podría desatar una ola de violencia con quema de vehículos, bloqueos carreteros, ejecuciones y colocación de mantas intimidatorias.
En conversaciones intervenidas, JJ aseguró que personas cercanas a Bermúdez Requena “están haciendo mal las cosas” y que “no tardarán en que se los ejecute el gobierno”, lo que refleja tensiones internas dentro de la estructura delictiva.
