Una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos señala que un grupo de 10 funcionarios y exservidores públicos de Sinaloa habría participado en una red de colaboración con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de “Los Chapitos”. De acuerdo con el documento, este vínculo se habría sostenido mediante sobornos, acuerdos políticos y apoyo operativo para facilitar actividades delictivas.
Según la acusación, el objetivo principal de esta supuesta red era permitir el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Para lograrlo, los involucrados habrían utilizado sus cargos públicos para brindar protección, evitar operativos y garantizar el traslado de sustancias como fentanilo, cocaína y metanfetamina.
En el listado de señalados aparecen perfiles de alto nivel, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez, así como exfuncionarios de seguridad, finanzas y mandos policiales. También se incluye al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, además de otros elementos ligados a corporaciones de seguridad.
El documento describe que varios de estos funcionarios presuntamente recibían pagos mensuales a cambio de permitir que el grupo criminal operara sin obstáculos. En algunos casos, las acusaciones apuntan a que se filtraba información sobre operativos o se modificaban registros oficiales para beneficiar a integrantes del cártel.
Uno de los señalamientos más relevantes gira en torno a Rubén Rocha Moya, a quien se le ubica como una figura clave dentro de la supuesta estructura de protección. De acuerdo con la acusación, habría existido un acuerdo previo a su llegada al gobierno, en el que se comprometió a favorecer a personas afines al grupo criminal dentro de la administración estatal.
Incluso se menciona una reunión en la que participaron líderes de “Los Chapitos”, donde se habría pactado apoyo político a cambio de facilidades desde el gobierno. Según esta versión, dicho acuerdo habría influido en la designación de funcionarios dentro de áreas estratégicas.
Otros casos detallados en el documento incluyen a exfuncionarios que presuntamente entregaban información sensible o permitían el libre tránsito de cargamentos ilícitos. También se menciona que algunos mandos policiales habrían recibido dinero de forma constante para evitar detenciones o alertar sobre acciones de las autoridades.
Entre las acusaciones también se señala que hubo quienes facilitaron la intimidación de opositores políticos durante procesos electorales, así como la manipulación de reportes oficiales para beneficiar a integrantes del grupo criminal.
De acuerdo con el mismo documento, algunos funcionarios habrían tenido participación directa en actos relacionados con el uso de armas, protección de operaciones ilegales y acceso a recursos institucionales que fueron utilizados en favor del cártel.
Las autoridades estadounidenses sostienen que estas acciones formaban parte de un esquema más amplio de corrupción que permitía al grupo criminal mantener control en distintas áreas del estado, apoyándose en la estructura gubernamental.
