Tribunal federal revocó el dictamen por el que la legislatura anterior desechó una denuncia de juicio político contra las exdiputadas Xitlálic Sánchez Servín (PAN) y Rebeca Terán Guevara (PRI), presidentas de las comisiones de Justicia y Gobernación, acusadas hace dos años de omisión y negligencia.
En sentencia dictada el día 13 del mes en curso, los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, Guillermo Cruz García y René Rubio Escobar, y la secretaria de acuerdos en funciones de magistrada, María Gabriela Ruiz Márquez, aprobaron por unanimidad la resolución del Amparo en Revisión Administrativo 514/2018.
En la versión pública asentaron: “Lo procedente del caso es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que las Comisiones de Gobernación y Justicia del Congreso del Estado de San Luis Potosí, actuando como Comisión Instructora, dentro de la denuncia de juicio político presentada por **** en contra de las diputadas locales ***** ****** ***** ******* y ******** ******* ******, realice lo siguiente:
1. Deje sin efectos el dictamen 42, aprobado mediante sesión de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, y en su lugar,
2. Emita otro en el que, atendiendo a las directrices que le fueron trazadas en la presente ejecutoria, se ciña a analizar única y exclusivamente si se actualizan los requisitos de procedibilidad de esa denuncia por juicio político sometida a su potestad, esto es, si las servidoras públicas denunciadas son sujeto de juicio político y que las conductas por las cuales se le formuló la denuncia, son de aquellas que generen una responsabilidad política…”.
Abogados, representados por Homero González Reyes, promovieron juicio político contra las exlegisladoras por la omisión en la designación oportuna del presidente del TECA, luego de que el 27 de septiembre de 2017 feneció el periodo para el que Rosa de Guadalupe Cervantes Gamboa fue designada para presidirlo.
Fue hasta el 8 de marzo de 2018 cuando Rosa de Guadalupe fue ratificada al frente del TECA, órgano colegiado que resuelve controversias laborales entre Gobierno del Estado, Congreso local, Poder Judicial y los 58 ayuntamientos con sus trabajadores.
Los magistrados precisaron en la sentencia que el juicio político consiste en dos etapas: en la primera las comisiones sólo debieron definir si las exdiputadas eran o no sujetas de juicio político y que las conductas imputadas ameritasen sanción. En la segunda, la Comisión Jurisdiccional desahogaría el juicio y agotado este sometería su dictamen a la discusión y resolución definitiva en el Pleno, erigido como gran jurado.
Sin embargo, en la primera las comisiones legislativas -presididas por las excongresistas- desecharon la denuncia con los argumentos de que no fueron omisas ni negligentes, que no se afectó el debido funcionamiento del TECA, porque el secretario de acuerdos suplió la ausencia de la presidenta y, sobre todo, que fue una resolución aprobada bajo la potestad soberana del Congreso.
Tras la revisión del caso, el tribunal federal concluyó: “Es evidente que esa denuncia de juicio político no llegó a la segunda etapa”, porque “no se hizo el señalamiento de que esas funcionarias públicas efectivamente son sujetas de juicio político y de que las conductas que se les atribuyeron también fueran susceptibles de entablar dicho juicio político”.
Tampoco remitieron la denuncia “a una diversa Comisión para la sustanciación del juicio político en todas sus etapas procesales y concluidas éstas se determinara por el Congreso Local erigido como Gran Jurado, si esas funcionarias públicas efectivamente cometieron o no las conductas reprochadas”.
Asimismo, abundaron, se declaró improcedente “con base en argumentos de fondo, tales como la calificación de los hechos denunciados y la calificación de la responsabilidad de las servidoras publicas denunciadas, lo cual no es factible en la etapa procesal en la que se encuentra el asunto”.
