El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que representa el priista Carlos Romero Deschamps, se ha vuelto un problema para el Instituto Nacional de Transparencia, reconoció el Comisionado presidente Francisco Acuña. De 277 solicitudes de información que ese instituto recibió de 2003 a marzo de 2019, no ha atendido ninguna pese a estar obligado por la Ley de Transparencia. El sindicato, dice Acuña, se escuda en amparos y argumenta que no es sujeto obligado. Otros 23 sindicatos tampoco han cumplido, pero la organización petrolera es un caso emblemático.
El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), encabezado por el priista Carlos Romero Deschamps, ha atendido cero de las 277 solicitudes de información que ha recibido de 2003 a marzo de 2019 como sujeto obligado, de acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
El Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas expuso que el de la organización petrolera es un caso emblemático en México: se escuda en los amparos concedidos por jueces y en asegurar, aunque “no es así”, que el sujeto obligado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública sólo es Petróleos Mexicanos (Pemex).
“Constantemente hemos tenido un gran problema con el sindicato de Pemex, porque no responde y elude nuestras resoluciones. Se amparan y los jueces de amparo le han otorgado las suspensiones, tanto provisionales como definitivas”, afirmó el Comisionado Presidente del INAI en entrevista con SinEmbargo.
“Están ellos en la convicción de que no les aplica [la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública]. Por supuesto que creemos que sí les aplica, y desde esa perspectiva los jueces tendrán que dar la razón al INAI. Pero por lo pronto, nos tienen en una condición difícil, porque no podemos nosotros interrumpir una decisión del juez que dice que se suspendan nuestras resoluciones”, explicó Acuña Llamas.
El Sindicato de Petróleos Mexicanos (Pemex), como parte de los 880 sujetos obligados, ha recibido 277 solicitudes de información de 2003 a marzo de 2019, de los cuales ha atendido cero. En “exceso de plazo legal” se encuentran 270 y siete están “en proceso”. Solo en 2019 recibió 28 solicitudes al corte del 21 de marzo.
Otros 23 sindicatos obligados tampoco han atendido oportunamente ninguna solicitud en el periodo referido, pero el otro que le sigue en número de solicitudes pendientes después del petrolero es el Sindicato Único de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro” de Coahuila con 33.
“Es un caso lamentable. Emblemático y negativo”, calificó el Comisionado presidente Acuña Llamas.
En febrero se dio a conocer que el INAI ordenó al STPRM publicar información sobre contratos y uso de recursos, con fecha límite de 6 de marzo. Pero no lo hizo.
“El Sindicato de Pemex está escudado en que ellos consideran que no son sujetos obligados directos. Ellos dicen que a través de Pemex debe saberse lo que ellos hacen o sus deberes, y por supuesto que esto no es así”, enfatizó el Comisionado.
Romero Deschamps, Secretario General del Sindicato desde 1993, ha sido denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por petroleros disidentes por enriquecimiento ilícito, fraude y posible participación en el robo de combustibles.
INCUMPLEN SINDICATOS EN TRANSPARENCIA
El Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford expuso que de más de 800 sujetos obligados que fueron evaluados, el 87.91 por ciento cumplió con las solicitudes de información y 26 sujetos no cumplieron al no subir ninguna información al término de 2018. En 2017 la verificación diagnóstica arrojó el 62.87 por ciento de calificación promedio.
“De esos 26 principalmente son sindicatos y fideicomisos los que no cargan información”, dijo Guerra Ford durante la presentación de los resultados de la Verificación Vinculante 2018 en la sesión pública del miércoles 3 de abril pasado.
“Son varias las causas. Una es que algunos sujetos obligados consideran que no deben ser sujetos obligados o que ellos directamente no deben subir la información sino la debe subir el patrón o, si es el caso del fideicomiso, la dependencia de la cual ellos dependen. En otros casos también se alude, y esto a veces es razonable, la falta de personal o de capacidades tecnológicas para poder hacer la captura”, desglosó.
Por órgano de gobierno, el Poder Judicial y Legislativo cumplió el 100 por ciento, pero los sindicatos y fideicomisos obtuvieron 91.20 por ciento en promedio.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador en la refinería Madero en Tamaulipas. Foto: Cuartoscuro.
En la primera verificación se informó a los sujetos obligados y se les dio 20 días para atender o justificar la información faltante. Después de ese plazo, se hizo una nueva verificación solo de esas partes para obtener el resultado final.
La verificación levantada de mayo a noviembre de 2018 fue vinculante a la Ley de Transparencia por lo que en dado de incumplimiento en un plazo determinado habrá medidas de apremio y en su caso sanciones, precisó.
En entrevista con la agencia Notimex, el Comisionado Óscar Guerra Ford aseguró que en el caso del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, en efecto podría recibir sanciones económicas en caso de incumplir sus obligaciones de transparencia en el plazo establecido, si el juez que está por resolver el amparo interpuesto resulta favorable al INAI.
La Comisionada Patricia Kurczyn Villalobos también se ha pronunciado por transparentar los recursos de los sindicatos y los líderes de los gremios por la opacidad que existe actualmente.
Durante el Foro “Análisis sobre Iniciativas en Materia de Transparencia y Anticorrupción” celebrado en febrero en la Cámara de Diputados, la Comisionada afirmó que la figura de los sindicatos se fue “desvirtuando” por los excesos de los dirigentes sindicales que no actuaron con la honestidad y ética que requiere su cargo.
“Hay un tema que me preocupa y es el tema de los sindicatos. Primero si queremos tener credibilidad, la información tiene que ser fundamentada y es lo que se debe exigir a este sector de la sociedad”, aseveró Kurczyn.
Agregó que se tiene que saber a dónde va el dinero de los sindicatos, sustentado en la Ley de Responsabilidades Administrativas, códigos penales y las leyes nacionales anticorrupción.
