Rosario Robles Berlanga depositó una fianza de 69 mil 500 pesos para conservar la suspensión provisional concedida el 30 de julio pasado, luego de que se filtrara una orden de comparecencia en la que la Fiscalía General de la República (FGR) busca vincularla por el delito de ejercicio indebido del poder público por la Estafa Maestra.
Así lo dio a conocer el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en el trámite de amparo 633/2019, quien solicitó, una vez obtenidas las garantías, depositar una fianza para demostrar el interés por continuar el proceso y, en caso de presentar las pruebas que acrediten la violación de garantías, obtener una suspensión definitiva contra el arresto.
Tras iniciar un juicio de amparo el pasado 30 de julio con el fin de encontrar si existían órdenes de aprehensión en su contra, Robles Berlanga fue notificada este lunes que el acto reclamado no existe y, por lo tanto, se perfila el sobreseimiento del juicio de amparo que solicitó luego de filtrarse un oficio en el que se solicitó su vinculación a la investigación por “ejercicio indebido del servicio público”.
Pese a todo, la exsecretaria de Desarrollo Social confirmó que acudirá a la audiencia incidental ante un juez de control con sede en el Reclusorio Sur, este jueves 8 de agosto, donde no podrá ser detenida en caso de que se prepare una orden de detención en su contra en el momento que se presente ante las autoridades.
La mañana del pasado lunes, Robles Berlanga envió una carta al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, en la que solicitó un juicio imparcial luego de que se dijo víctima de un “linchamiento mediático” que, acusó, “ha influido a mi parecer en los órganos encargados de procuración de justicia y ha puesto en riesgo mi integridad personal, mi derecho a la honra y el debido proceso”.
En dicha carta, confirmó su presencia en el Reclusorio Sur, donde ha sido citada: “No tengo nada que esconder, por lo que me presentaré el jueves 8 como ordena la autoridad. Sólo pido justicia. Ni más ni menos”.
Las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revelaron que entre 2013 y 2014, 11 dependencias otorgaron contratos irregulares por siete mil 670 millones de pesos a 186 empresas, 128 de ellas fantasma.
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