El abogado Julio Hernández Barros, defensor Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) de presentar pruebas falsas para justificar la prisión preventiva de su clienta.
Como prueba, Hérnandez Barros presentó, en entrevista con Apro, la licencia de conducir que el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo aceptó como prueba para vincularla a proceso “por riesgo de evasión”, y donde quedó asentado que existe un domicilio distinto al de su casa en el barrio de Los Reyes, Coyoacán, que por “24 años” ha declarado como oficial.
“La licencia, que llegó de forma anónima a nuestras manos, con datos de la Semovi de la Ciudad de México, señala en su base de datos que el domicilio de nuestra defendida es la calle de Tennyson s/n, Col. Axotla, en Álvaro Obregón”, señaló.
“Cuando en realidad, por cierto, la calle de Tennyson está ubicada en la Polanco, en la alcaldía de Miguel Hidalgo. Los datos se pueden revisar en las bases de la Secretaría de Movilidad”, añadió.
Dicha prueba, según el titular de Hernández Barros & Asociados, se trata de una “licencia falsa”, cuya firma desconoce su cliente, también los datos aportados y “la fotografía que fue sacada de internet”.
“Cabe destacar que se trata del mismo Ministerio Público que mencionó sin presentar como prueba una supuesta licencia de conducir con un domicilio distinto al de nuestra representada, dichos con las cuales el juez Delgadillo Padierna decidió, de forma arbitraria, y sin tomar en cuenta las vastas pruebas de la defensa, imponer la medida cautelar conocida”, añadió la defensa de la exsecretaria de Estado, con Enrique Peña Nieto, en un comunicado de prensa.
La respuesta aparece horas después de que Patricio Vargas Alarcón, del Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, según el expediente 723/2019, negó otorgarle la suspensión definitiva en contra del auto de vinculación a proceso que llevó a Robles Berlanga a pisar la cárcel dos meses.
El pasado tres de septiembre, la extitular de la Sedesol y Sedatu impugnó los “actos dentro de juicio” que constó en la resolución judicial “consistente en el auto de vinculación a proceso, dictado en la continuación de la audiencia inicial del 13 de agosto de 2019 y su ejecución, en la causa penal 314/2019”.
Es decir, la audiencia inicial en la cual el juez de control Delgadillo Padierna, en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, determinó que existían elementos para vincularla a proceso por los delitos de ejercicio indebido del servicio público.
Hernández Barros también señaló que, “en un acto arbitrario y fuera de toda lógica, el Ministerio Público Federal recusó a la magistrada Graciela Rocío Santes Magaña para evitar que conociera de la audiencia pública de alegatos aclaratorios prevista para este viernes 13 de septiembre, en la que se revisaría la medida cautelar de prisión preventiva impuesta de manera ilegal a nuestra defendida”.
“El equipo legal encabezado por Julio Hernández Barros lamenta y reprueba el ‘juego sucio’ del Ministerio Público al descalificar y poner en duda la dignidad, el profesionalismo, la imparcialidad y la experiencia de la magistrada Santes Magaña para conocer del caso; cosa que no hizo cuando se designó ‘por sorteo’ al juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, que sí estaba impedido legal y éticamente”, añadieron.
A decir de las pruebas aportadas por los Agentes del Ministerio Público de la Federación (AMPF), existe un informe del Cenapi donde consta que recientemente tramitó una licencia de conducir (oficial) en un domicilio diferente, lo que implica mentir sobre su residencia y equivale a la presunción de riesgo de fuga.
Lo anterior quedó de manifiesto en la audiencia del pasado 13 de agosto, dentro de la causa penal 314/2019, donde Delgadillo Padierna, juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, dictó las medidas cautelares solicitadas por la FGR.
De esta sentencia, la defensa de Rosario Robles Berlanga, encabezada por los abogados Hernández Barros y Alejandro Olea Truehart, acusaron la instrumentación de una “venganza política” orquestada por la diputada Dolores Padierna que se materializaría por medio de su sobrino: Delgadillo Padierna.
Ante ello, anunciaron un amparo para revertir la decisión judicial del 13 de agosto.
“No nos queda duda de que la mano de la diputada Dolores Padierna está metida en la sentencia de nuestra defendida. Fue una venganza política que tardó 14 años en materializarse”, acusó Hernández Barros, quien a su vez negó que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya intervenido en la sentencia.
Pero el amparo hoy esperará hasta que concluya el juicio, ya que las medidas cautelares solicitadas por Robles Berlanga fueron negadas por Vargas Alarcón y su notificación dada a conocer por el Consejo de la Judicatura Federal.
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