“A las autoridades les pido que hagan su trabajo como les corresponde, que juzguen con perspectiva de género, como no lo hicieron desde un principio”. Este es el llamado que hace Roxana Ruiz, una mujer que podría volver al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl, en el Estado de México, por defenderse de una violación sexual, lo que terminó en la muerte de su agresor.
“De no haber sido así, si no me hubiera defendido, sería mi madre quien estaría contando la historia de cómo mataron a su hija. Sí es doloroso, pero tengo que seguir luchando”, dice en entrevista con SinEmbargo.
Roxana, de 22 años, pasó nueve meses privada de la libertad sin sentencia después de que en mayo de 2021 fue detenida por asesinar a un hombre que la agredió sexualmente en su casa. Aunque argumentó que actuó en defensa propia, su declaración fue ignorada por policías del Estado de México.
Desde febrero de este año un Juez de control aceptó que lleve su proceso penal en libertad, pero la familia del hombre que la violentó interpuso un recurso legal para oponerse, ahora está pendiente que el Poder Judicial de la Federación resuelva un amparo promovido por la defensa de la joven y con el que buscan impedir que Roxana regrese al penal.
El 18 de abril, un Juez federal otorgó una suspensión provisional a la mujer originaria de Pinotepa Nacional, Oaxaca, que le permite continuar en libertad mientras el Poder Judicial resuelve si acepta o no su amparo, es decir, aún corre el riesgo de ser detenida. En ese contexto, Roxana exige a las autoridades “saldar su deuda”, pues acusa que desde el inicio del proceso minimizaron la agresión sexual que sufrió.
“Desde el principio hubo muchas anomalías. Cuando me detuvieron hubo revictimización de parte de las autoridades, yo les dije que había sufrido una violencia sexual y prácticamente me dijeron que era por mi culpa. No me hicieron un estudio ginecológico, un estudio psicológico, a pesar de que les dije en repetidas ocasiones que había sido abusada. No tuve acceso a un traductor –Roxana se identifica como una mujer indígena–, tampoco me permitieron hacer llamadas y no me juzgaron con perspectiva de género, igual que a varias mujeres que conocí en el penal”, denunció.
Roxana dio más detalles sobre las irregularidades de su caso en una carta publicada hace unos meses por la asamblea vecinal “Nos Queremos Vivas Neza”, un grupo de vecinas y activistas que ha acompañado su exigencia por justicia: “Desde el día 8 de mayo soy conocida por los medios como la mujer que fue detenida en flagrancia con un cuerpo dentro de un costal. A los policías les dije que sí lo había asesinado, pero que él me había violado y yo sólo quise defenderme. Los policías me hablaron con groserías e inmediatamente me trasladaron a la Procuraduría correspondiente […], me presentaron golpeada, pero no tomaron fotografías, no tomaron en cuenta mi declaración para que yo pudiera defenderme”.
La legítima defensa está reconocida tanto en el Código Nacional de Procedimientos Penales como en el Código estatal. Es un atenuante de delitos como el homicidio y en el Estado de México contempla sanciones que van desde la detención por seis meses a siete años y de 30 a 90 días de multa, además, las penas no pueden exceder las dos terceras partes de las que corresponderían al delito simple.
Además, instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya han llamado a las autoridades mexicanas a que en casos de violencia contra mujeres analicen las pruebas con perspectiva de género.
Mientras que la Comisión de Derechos Humanos capitalina sentó un precedente con la Recomendación 6/2016 al exhibir la importancia de que autoridades ministeriales y judiciales contemplen el contexto que lleva a mujeres a cometer lesiones u homicidios al defenderse de sus agresores, en particular al ser víctimas de violencia sexual y en el ámbito familiar.
LA OMISIÓN DE AUTORIDADES
Roxana espera que las autoridades resuelvan pronto a su favor porque enfrentar el proceso penal le ha traído, además de meses sin libertad, repercusiones emocionales y gastos difíciles de solventar al no poder tener un trabajo fijo, situación que se agrava porque debe mantener a su hijo menor de edad.
Las condiciones que le permitieron seguir en libertad incluyen la obligación de acudir cada semana a la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso a firmar, presentar antidoping con resultados negativos a cualquier estupefaciente, tomar dos veces por semana una terapia psicológica y la prohibición de salir de la ciudad.
“Tengo que tener tiempo disponible para el proceso por si me mandan a llamar a las audiencias, entonces tengo que tener todo mi tiempo disponible. Lo que hago ahora para solventar mis gastos es vender productos. [Continuar con el proceso penal] también aturde en cuestiones emocionales, me pregunto cuándo terminará este proceso y si resultará favorable”, expuso.
A ello se suma el miedo que siente por su seguridad, la de su familia, así como la de las activistas que la acompañan, quienes han sido insultadas en protestas para exigir su libertad.
Roxana reconoce que gracias al apoyo de mujeres defensoras y colectivas del Estado de México ha podido cubrir sus gastos y, principalmente, conseguir avances en el caso. Dice que eso la inspiró a continuar exigiendo un trato digno.
“Las autoridades trabajaron por la presión de más mujeres. Es muy lamentable que la justicia tenga que tener esa presión social para que nos tomen en cuenta a todas. Tenemos que reunirnos, juntarnos y alzar la voz para que respeten nuestros derechos. Sólo así. Es por eso que tenemos que permanecer juntas y no quedarnos calladas, nunca más quedarnos calladas”, dijo convencida.
Como parte del acompañamiento que ha recibido, varias mujeres le han contado testimonios de abuso de autoridad contra ellas o sus familiares, por eso dijo compartir la sensación de hartazgo de quienes se manifiestan por justicia.
“Nosotras ya estamos hartas de tanto abuso y es por eso que nos unimos a alzar la voz por todas, por las que no están, por las que no pueden”, enfatizó.
Los últimos datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dan cuenta de la violencia en el estado, pues sólo en los primeros dos meses de 2022 se posicionó como la entidad en donde más se han reportado denuncias por violaciones sexuales, con un total de 457; también es la segunda con más llamadas de emergencia al número 9-1-1 por incidentes relacionados con este delito al reportar 62 entre enero y febrero.
Roxana aseguró que el respaldo de más mujeres también le da fuerza para exigir a las autoridades que cumplan con sus obligaciones, la juzguen sin revictimizarla y analicen el caso considerando que la violencia la ha impactado de manera diferenciada por ser mujer, es decir, desde la perspectiva de género. Con la motivación que ahora tiene también hizo un llamado a quienes, como ella, han sido violentadas en distintos ámbitos:
“A todas las chicas que han sufrido o están sufriendo algún tipo de abuso a su persona les diría que no se dejen, que alcen la voz, juntas tenemos la esperanza de acabar con la violencia de género”.
Sin Embargo
