El caso contra el sacerdote Emanuel Shaleta continúa bajo revisión tanto en el ámbito religioso como en el civil, mientras autoridades y la Iglesia analizan diversas acusaciones en su contra. Hasta ahora, el religioso no ha emitido una postura pública detallada sobre los señalamientos, y el proceso sigue abierto conforme a las normas legales y eclesiásticas, respetando el principio de presunción de inocencia.
Autoridades del Departamento del Sheriff del Condado de San Diego confirmaron que existe una investigación activa por presunta malversación de recursos. De acuerdo con los primeros datos, el sacerdote habría recibido dinero en efectivo en nombre de la parroquia y posteriormente habría reembolsado esas cantidades utilizando fondos destinados a ayuda social. Los registros financieros muestran que el monto faltante sería superior a 427 mil dólares, aunque no se descarta que la cifra total pueda acercarse al millón de dólares. Especialistas en contabilidad forense revisan los movimientos bancarios para determinar si existen elementos suficientes para presentar cargos penales.
La investigación también es seguida por el Vaticano, que inició un proceso interno en julio de 2025. Este procedimiento fue asignado al arzobispo José Gómez, quien tiene la responsabilidad de analizar la conducta del sacerdote conforme a las reglas de la Iglesia. El caso forma parte de un contexto en el que se busca reforzar la vigilancia sobre el manejo de recursos y el comportamiento del clero.
El medio The Pillar dio a conocer que el sacerdote ya había sido investigado anteriormente por posibles irregularidades financieras y otras conductas inapropiadas. Además, el informe señala que el caso también sería del conocimiento de autoridades diplomáticas de la Iglesia en Estados Unidos.
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que un investigador privado, quien anteriormente trabajó para el FBI, habría seguido al sacerdote en varias ocasiones desde San Diego hasta Tijuana. Según el reporte, el religioso acudía frecuentemente al Hong Kong Club, un establecimiento para adultos. Estas visitas, según la investigación, ocurrían varias veces por semana, aunque después habrían disminuido.
También se menciona que el sacerdote mantenía una relación cercana con una mujer, con quien presuntamente compartía una cuenta bancaria. De acuerdo con la información obtenida, ambos se conocieron años atrás y continuaron en contacto tras mudarse a distintas ciudades. El investigador aseguró que existía acceso libre entre las viviendas de ambos.
Por su parte, la cadena NBC 7 San Diego reportó que intentó obtener declaraciones adicionales del investigador privado, pero este se negó a ofrecer más detalles sobre el seguimiento realizado. Asimismo, la eparquía a la que pertenece el sacerdote tampoco ha dado una explicación amplia sobre la situación.
Este caso ocurre en un momento en que la Iglesia católica enfrenta una mayor vigilancia sobre el comportamiento de sus miembros y el uso de recursos económicos. Mientras continúan las indagatorias, las autoridades civiles y religiosas determinarán si existen responsabilidades legales o administrativas en contra del sacerdote.
