HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.
PUEBLO POTOSINO.
En San Luis Potosí la justicia no se imparte. La justicia se reparte. Ese oprobioso prorrateo, es la expresión más rotunda de la injusticia. Se
ejerce con base en complicidades personales, intereses políticos,
apetitos económicos o consignas inmorales y nunca pensando en
las víctimas y en los agravios que le inflige el proceder pernicioso de
quien debería defenderles.
La componenda en el aparato judicial potosino, dejó de ser la
excepción y se convirtió en la regla en los últimos años. Hay que
decirlo con todas sus letras: en la metástasis de este cáncer, se
anidó el embrión de la violencia, la impunidad y la barbarie que
tiene postrado al Estado de Derecho y a la ciudadanía potosina.
En San Luis Potosí todos lo saben.
Es de dominio público que la justicia se reparte perversamente desde el escalón más alto de una escalera de atropellos, mentiras, simulaciones y abusos de poder que tienen nombre y apellido: Juan Paulo Almazán Cué.
Desde aquel fatídico 15 de octubre de 2014 que comenzó su
ejercicio como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del
Estado, su trayectoria documenta, sin cesar y de forma cada vez más
obscena, un comportamiento depredador que en aras de saciar sus
intereses no ha tenido reparo en mover al Poder Judicial a su antojo,
pisoteando los derechos de su gremio, diluyendo a niveles
ominosos la división de poderes, poniendo los recursos bajo su
cargo al servicio exclusivo de su narcicismo y como consecuencia,
haciendo nugatorio el acceso a la justicia para las víctimas.
Los excesos de su prepotencia están documentados un día sí y otro
también en los medios de comunicación de nuestra entidad. El
muestrario de infamias incluye perlas como las siguientes:
- La arbitraria y caprichosa desaparición de la Central de
Actuarios por supuestas malas actuaciones que jamás se
acreditaron y mucho menos se castigaron, pero sí generaron
un atraso en los asuntos y una grave afectación al foro de
abogados potosinos.
- Los tratos degradantes y misóginos a magistradas, juezas y
abogadas, a quienes negó el derecho a un debido proceso y
persiguió a niveles de misoginia vergonzantes, especialmente a
todas aquellas que le estorbaban en sus grotescos planes de
incorporar a la nómina a sus allegados, sin importar la ausencia
de méritos o trayectoria.
- La campaña de hostigamiento contra los jueces que no se le
sometían a quienes persiguió de forma obsesiva e irracional y
afectó gravemente en sus derechos laborales.
- La abyecta imposición de consignas para favorecer a ciertos
personajes del ámbito empresarial, político o policíaco, como
los emblemáticos casos de algunos jueces perseguidos por la
misma razón, quienes no se prestaron a estos contubernios
inconfesables.
- De forma especialmente impúdica, está la acción deliberada,
dolosa y ruin con la que arruinó a un Juez de Control y de Juicio
Oral, a quien, usando abusivamente su poder como presidente
del Consejo de la Judicatura, le negó el derecho a su
ratificación como juzgador, y después, cuando le mintió al
pleno del Supremo Tribunal de Justicia, sosteniendo que, como
magistrado, no se encontraba impedido para participar en la votación sobre la revisión de dicho asunto y que incluso él
había votado en contra de la no ratificación, cuando fue el
oscuro artífice para que no se concretara.
- El patético sostenimiento de su fallido proyecto político
personal, llegando hasta la más descarada frivolidad y
nepotismo, al nombrar a su cónyuge Ana Cristina Vallejo
Villagrana como presidenta del Voluntariado del Poder Judicial
del Estado. ¡Como si de un club social se tratara y poniendo a
su disposición la utilización de los recursos que se pagan con
las contribuciones de los potosinos y que bajo ninguna
circunstancia están presupuestados para solapar ambiciones
electorales de los funcionarios públicos!
Todo lo anterior ha socavado y afectado al Poder Judicial. En su
autonomía, en su capacidad de acción, en su respetabilidad, en
su salud interna, en sus actividades cotidianas y en la
deteriorada imagen que de él tiene la sociedad potosina,
gracias a togados carentes de integridad, decencia y sentido
ético de su delicada tarea de impartir justicia, como Juan Paulo
Almazán Cué.
Es por todo eso, señoras y señores diputados del Congreso del
Estado de San Luis Potosí que están ustedes compelidos a no
permitir que se premie a quien ha sido el peor magistrado de las
últimas décadas en la entidad.
Queda claro que, si Almazán Cué solo ha servido a sus propios
intereses y por tanto se ha sometido de forma servil y descarada a
Poder Ejecutivo, no podemos esperar que ese poder ponga límites o
llame a cuentas a quien ha sido su dócil cortesano. Por eso ciframos
nuestras esperanzas en los representantes populares.
Ratificar a Juan Paulo Almazán Cué significaría que el pacto de
complicidades y el tráfico de influencias habría llegado al más alto
nivel. Nos negamos a aceptarlo, porque eso confirmaría que la vida
pública en el estado estaría condenada irremediablemente.
Señora y señores congresistas:
No permitan esa felonía y no dilapiden la poca, pero existente
credibilidad que muchos ciudadanos tenemos en el Poder
Legislativo. Hay bastantes abogados potosinos probos, prestigiados,
reconocidos e incluso destacados en todos los colegios y
asociaciones de abogados; muchos jueces que cumplen su trabajo
diligentemente; y muchos juristas que llenan sus centros
académicos de orgullo. Alternativas existen y muy decorosas.
No condenen a la justicia en San Luis Potosí a 9 años más de
vergüenza y postración.
Recuerden las palabras de Ponciano Arriaga al crear sus “Procuradurías de Pobres”:
“Los oídos de algunos jueces sólo pueden ser heridos por un
sonido… el metálico… ¿A dónde, pues, acudirá el desvalido? ¿qué
recursos le presta la sociedad? ¿qué hará el pobre en medio de su
desgracia?”
Ustedes tienen la palabra. Decidan bien y decidan a favor de San
Luis y de los potosinos.
Atentamente:
Lic. Juan Luis Sánchez Baltazar
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