El Radar
Por Jesús Aguilar
San Luis Potosí vive hoy un fenómeno tan viejo como la política mexicana, pero particularmente riesgoso en su versión actual: la anticipación desbordada de la sucesión.
No han pasado aún tres años completos del actual gobierno estatal y, sin embargo, la conversación pública —y peor aún, la toma de decisiones— ya se mueve como si el sexenio estuviera en su recta final. El resultado es un clima de tensión institucional, fragilidad en la gobernanza y una peligrosa confusión entre gobierno y proyecto político-electoral.
La llamada ley Gobernadora no surge en el vacío. Es el síntoma más reciente —y quizá más visible— de un proceso en el que la prisa por definir el futuro ha comenzado a devorar el presente. Lo que debiera ser una discusión jurídica y constitucional de fondo se ha convertido en un nuevo frente de confrontación política, con efectos inmediatos sobre la estabilidad del estado y, de manera muy concreta, sobre la relación ya deteriorada entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de la capital.
Gobernar con el calendario electoral encima
Especialistas en ciencia política suelen advertir que cuando la lógica electoral se impone prematuramente a la lógica de gobierno, el costo lo paga la institucionalidad.
Andreas Schedler, uno de los teóricos más citados sobre regímenes híbridos y competencia política, señala que la erosión democrática no siempre ocurre por rupturas abruptas, sino por la normalización de prácticas que subordinan las reglas del juego a intereses de coyuntura.
Eso es exactamente lo que hoy se percibe en San Luis Potosí:
— decisiones pensadas más en posicionar actores que en resolver problemas;
— reformas con lectura electoral anticipada;
— y un uso estratégico del conflicto como herramienta de cohesión política.
La ley Gobernadora, más allá de su viabilidad constitucional —que seguramente terminará siendo dirimida en la Suprema Corte de Justicia de la Nación—, exhibe una pregunta incómoda: ¿quién está gobernando, cómo lo está haciendo y para qué horizonte temporal?
El desgaste del equilibrio de fuerzas
San Luis Potosí nunca ha sido un estado de hegemonías cómodas. Su historia reciente es la de equilibrios frágiles, alianzas pragmáticas y confrontaciones recurrentes entre niveles de gobierno. Pero hoy ese equilibrio parece especialmente tenso.
El Ejecutivo estatal gobierna con una narrativa de fuerza política consolidada, mientras que la capital —motor económico, administrativo y simbólico del estado— se ha convertido nuevamente en territorio de disputa hacia el futuro cuando ya varios ex alcaldes quisieron de forma fallida ser gobernadores, como Octavio Pedroza, Mario García, Alejandro Zapata y Xavier Nava, el único que lo logró fue después de una derrota en la búsqueda de la grande y un replanteamiento pragmático fue Marcelo de los Santos pero en orden invertido, primero perdió la gubernatura para después ganar la capital y en 2003 triunfar en la búsqueda del ejecutivo estatal.
Hoy no vivimos un choque ideológico profundo; es un conflicto de poder, de control y de lectura del futuro.
Expertos en gestión gubernamental como Luis Carlos Ugalde han insistido en que la gobernanza metropolitana exige coordinación, no subordinación. Cuando el gobierno estatal y el municipal entran en una lógica de suma cero, el resultado no es la derrota de uno u otro, sino la parálisis de políticas públicas clave: seguridad, agua, movilidad, desarrollo urbano.
Y en San Luis Potosí capital, esa parálisis ya se empieza a notar. Porque a pesar de las recientes fotografías de Gallardo y Galindo juntos, las patadas debajo de la mesa subieron de tono con la #LeyGobernadora y sus efectos prácticos, anulando por lo pronto, a Galindo como principal contendiente opositor en el 2027.
La judicialización de la política como refugio
Que este nuevo capítulo termine probablemente en la Suprema Corte no es una casualidad. Es parte de una tendencia nacional: cuando la política no logra procesar sus conflictos, los traslada al terreno jurídico. El problema es que los tribunales no sustituyen la gobernanza; apenas contienen sus excesos.
La judicialización constante genera incertidumbre, ralentiza decisiones y profundiza la percepción de un gobierno más preocupado por ganar batallas legales que por construir consensos duraderos.
Para los ciudadanos, el mensaje es confuso: ¿quién está resolviendo los problemas cotidianos mientras los actores políticos se preparan para la siguiente contienda?
Responsabilidades en tiempos de prisa
Aquí aparece la pregunta central de este momento político: ¿qué responsabilidad tienen quienes hoy ocupan carteras públicas frente a una sucesión adelantada?
Gobernar no es solo administrar recursos o ganar disputas narrativas. Gobernar es postergar legítimamente la ambición personal en favor de la estabilidad institucional. Cuando secretarios, operadores políticos y liderazgos territoriales comienzan a actuar como si el cierre del sexenio fuera inminente, el mensaje interno es devastador: el gobierno entra en modo campaña, aunque formalmente siga gobernando.
Y ese es, quizá, el mayor riesgo de San Luis Potosí hoy: un fin de sexenio emocional antes de tiempo.
El escenario más probable es un periodo prolongado de tensión jurídica y política, con la Corte como árbitro final y con una relación Estado–Capital marcada por la desconfianza. Pero no es el único escenario posible.
Hay todavía margen para:
— reconstruir acuerdos mínimos de gobernanza;
— separar con claridad gestión pública de estrategia electoral;
— y asumir que la estabilidad del estado en los próximos años será un activo político mucho más valioso que cualquier ventaja anticipada rumbo a 2027.
Como advierten estudiosos de la gobernabilidad local, los gobiernos que llegan fuertes al final del sexenio no son los que adelantaron la sucesión, sino los que supieron resistirla.
Para acabar pronto, la prisa es siempre mala consejera.
San Luis Potosí no enfrenta hoy una crisis terminal, pero sí una encrucijada. La prisa por definir quién sigue puede terminar debilitando a quienes hoy gobiernan. La ley Gobernadora, más que un punto de llegada, es una señal de alarma: cuando el futuro se impone demasiado pronto, el presente se descuida.
La pregunta que queda en el aire es simple y contundente:
¿se gobernará San Luis Potosí para cerrar bien este sexenio… o solo para abrir el siguiente?
Porque en política, como en la vida pública, las prisas casi siempre cobran factura.
