En San Luis Potosí, a partir de 2025, comenzarán a cobrarse dos nuevos impuestos junto con un incremento en otro ya existente, según aprobó recientemente el Congreso del estado. Estas medidas buscan generar ingresos adicionales, aunque han generado dudas entre los ciudadanos sobre su impacto y aplicación.
Uno de los nuevos gravámenes será el Impuesto Cedular sobre la Enajenación de Inmuebles, que establece una tasa del 3% sobre el valor de la propiedad al momento de su venta. Este impuesto deberá ser cubierto por el propietario que venda un inmueble, aunque es probable que el costo sea trasladado al comprador. Por ejemplo, si una vivienda tiene un valor de un millón de pesos, el vendedor deberá pagar 30 mil pesos de impuesto, lo que podría reflejarse como un aumento en el precio final de la propiedad. Se calcula que este impuesto generará 150 millones de pesos para las arcas estatales el próximo año.
El Impuesto sobre la Venta Final de Bebidas Alcohólicas será otra de las nuevas contribuciones, con un cobro del 3% sobre el costo final de las bebidas alcohólicas en bares, restaurantes, tiendas y cualquier otro establecimiento que las venda. Aunque serán los comerciantes quienes reporten este pago a la Secretaría de Finanzas, es probable que el costo adicional recaiga sobre el consumidor. Este gravamen, estimado en 50 millones de pesos de recaudación, hará que el consumo de bebidas alcohólicas sea más costoso, un aspecto que podría alentar a moderar su consumo, según algunos comentarios.
Por otro lado, el Impuesto al Hospedaje, que ya existía con una tasa del 3%, verá un incremento al 4% en el costo final de estancias en hoteles y plataformas de hospedaje como Airbnb. Si bien su impacto se considera menor en comparación con la inflación, empresarios del sector turístico advierten que podría afectar la competitividad de la entidad en la organización de eventos como congresos y convenciones, fundamentales para la industria hotelera local. Este aumento prevé generar 15 millones de pesos en ingresos adicionales.
A pesar de las críticas, estas medidas reflejan los esfuerzos de las autoridades para reforzar las finanzas estatales. Sin embargo, el impacto en el bolsillo de los ciudadanos y la economía local aún genera opiniones divididas.
