En días pasados el ayuntamiento de San Luis Potosí, gracias al ejercicio de la transparencia, se volvió foco de atención local por un grave caso de corrupción que pone al descubierto la violación de los derechos básicos de los trabajadores del alcalde Mario García Valdez. Veamos.
Primero. El ayuntamiento de San Luis Potosí carece de un sistema de seguridad social para sus servidores públicos. Este hecho por sí mismo violenta el artículo 123 constitucional y el tema pudo haberse resuelto mediante un convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social o el organismo estatal equivalente. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Será posible pensar que es porque esta fórmula permite márgenes de maniobra para que el alcalde y sus funcionarios puedan obtener recursos públicos al margen de la ley? El trienio pasado (2009-2012), en un gobierno del PAN, el ayuntamiento de San Luis Potosí destinó 398 millones 221 mil pesos para gastos médicos en beneficio de los servidores públicos del ayuntamiento de referencia, no por supuesto además del IMSS o el ISSSTE sino en lugar de éstos.
Peor todavía, el ayuntamiento no optó, ni lo ha hecho ahora, por contratar los servicios de una aseguradora mediante una licitación pública, que mucho abonaría a la rendición de cuentas, sino “que a partir de mayo de 2010 se suscribió convenio con el Hospital de Especialidades Médicas de la Salud, pagando una cantidad mensual especificada en dicho convenio, el cual entre otros conceptos ampara los procedimientos quirúrgicos, algunos insumos utilizados, así como los medicamentos aplicados-consumidos durante el procedimiento”, revela expresamente el ayuntamiento en respuesta a una solicitud de información hecha con fundamento en la Ley de Transparencia, cuyo modelo no ha modificado el actual alcalde, ahora del PRI. Tampoco por supuesto son transparentes los criterios utilizados para contratar el hospital A en lugar del B o viceversa.
Segundo. La irregular manera de contratar servicios médicos en San Luis Potosí ha generado que cualquier empleado municipal en lugar de tener al menos su póliza de seguro médico para atenderse donde quiera, debe negociar su acceso al derecho a la salud con sus superiores, quienes tienen la potestad de decidir si procede o no. Este conspicuo mecanismo, como es natural cuando no hay reglas claras ajustadas a derecho, ha generado arbitrariedades de todo tipo.
En efecto, si se toma como parámetro de referencia el común denominador de exclusiones de las aseguradoras, el caso de San Luis Potosí se vuelve peor. Entre 2009 y 2012 se practicaron 3 mil 774 procedimientos quirúrgicos de todo tipo para un universo de casi 5 mil servidores públicos, lo que revela de entrada que algo anda mal. Entre las intervenciones usualmente excluidas por las aseguradoras se contabilizan, según datos del propio ayuntamiento, 119 cirugías estéticas para corrección de nariz, 22 circuncisiones, dos operaciones de abdomen para reducir de peso, 44 legrados, 37 juanetes y así un largo etcétera particularmente de intervenciones estéticas.
La práctica de procedimientos médicos que no aceptaría ninguna aseguradora para contratos colectivos no es todo el problema. Para el mismo tipo de cirugía los precios pagados con recursos públicos varían de un caso a otro. Así, por ejemplo, la denominada “rinoseptoplastía más cauterización de cornetes” en un paciente le costó al erario 8 mil 700 pesos y en otro, 100 mil pesos, sin que se explique el porqué de semejantes diferencias. De la misma forma se puede observar que para procedimientos quirúrgicos idénticos los tiempos de incapacidad muestran variaciones significativas sin justificación alguna por la opacidad del ayuntamiento potosino. Cabe entonces plantear como hipótesis que las irregularidades son mayores a las que reconoce el ayuntamiento porque su información se reduce a un acto de fe, habida cuenta de que no aporta prueba alguna de sus dichos.
Tercero. De manera burda el alcalde García Valdez concentró en 12 mujeres, con empleo de base y provenientes de la administración anterior, el origen de los males, a quienes despidió “por haberse realizado operaciones estéticas de nariz, lipoescultura, mentón y senos con recursos públicos”, según el boletín emitido por el ayuntamiento potosino. ¿No es de llamar la atención que las sancionadas sean parte de la base de la pirámide jerárquica, sean únicamente 12 y además sean todas mujeres?¿Por qué ese criterio no se aplicó con los demás beneficiados, entre ellos los que se practicaron la circuncisión?¿Qué pasó con los superiores jerárquicos que autorizaron que esas intervenciones se llevaran a cabo? ¿Por qué el alcalde García Valdez no presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de Justicia para que se deslindaran responsabilidades, incurriendo con ello en complicidad? ¿Qué pasaría en el supuesto de que un empleado tenga una enfermedad que requiera de atención de alta especialidad cuyos servicios no ofrece el hospital contratado “por convenio”?
Y lo más grave: ¿Por qué el alcalde viola los derechos sociales de los empleados municipales y se sustraen recursos del gasto corriente para el pago de pensiones al margen de la Constitución? El ayuntamiento potosino tiene mucho que explicar. Es discriminatorio y ruin solazarse con las personas más débiles que no tienen voz para hacerse escuchar en la opinión pública, para aprovecharse precisamente de esa circunstancia a fin de crear chivos expiatorios y abrir espacios de empleo para los suyos. Cuando cualquier persona podría pensar que estos sucesos son aislados y excepcionales, García Valdez, presidente de una de las capitales estatales más importantes del país hace patente que la discriminación, la opacidad, la impunidad y la corrupción gozan de cabal salud.
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